El debate por el Presupuesto Nacional 2027 atraviesa días decisivos en el Congreso, donde el oficialismo de La Libertad Avanza todavía no consigue reunir los consensos necesarios para avanzar con el proyecto. Los principales desacuerdos giran en torno al financiamiento de las universidades, las prestaciones por discapacidad y la restitución de los subsidios al transporte público del interior del país.
Las negociaciones se retomarán en los próximos días, luego de una serie de actividades que demoraron las conversaciones entre el Gobierno y los bloques opositores dialoguistas. El objetivo del oficialismo es conseguir los votos para emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto antes de que finalicen las sesiones ordinarias.
Uno de los principales reclamos de los legisladores apunta a la distribución de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles. Los bloques aliados consideran que parte de esa recaudación debería destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales y al financiamiento del transporte público en las provincias.
También exigen garantías presupuestarias para las personas con discapacidad y una actualización de las partidas destinadas a las universidades nacionales, cuyos rectores advierten sobre las dificultades financieras que atraviesan las instituciones.
En este escenario, los representantes de las provincias buscan incorporar demandas que consideran fundamentales para sus distritos. Entre ellas aparecen la continuidad de las obras públicas, mayores transferencias para las cajas jubilatorias provinciales y la recuperación de los subsidios al transporte del interior.
El reclamo adquiere especial relevancia para Tucumán y otras jurisdicciones que dependen de estos recursos para sostener servicios esenciales y avanzar con obras de infraestructura.
En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo, junto a sus pares de Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, también impulsa el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, una iniciativa que busca generar mejores condiciones para las economías regionales.
Por su parte, los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical y los espacios provinciales mantienen pedidos específicos sobre coparticipación, impuestos y financiamiento de distintos sectores. Estas diferencias complican el armado de una mayoría parlamentaria para aprobar el proyecto sin modificaciones.
El Gobierno nacional sostiene como principales objetivos el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación. Sin embargo, las provincias advierten que el cumplimiento de esas metas no puede dejar de lado las obligaciones de financiamiento y la distribución de los recursos que les corresponden.
Con un presupuesto que proyecta gastos consolidados por $216 billones y una inflación estimada del 21,3% para 2027, el debate legislativo será determinante para establecer cómo se distribuirán los fondos nacionales durante el próximo año.
La discusión deja planteado un escenario de negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores, con un punto central: garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las provincias y evitar que los costos del ajuste sigan recayendo sobre los gobiernos locales y sus comunidades.
