Enrique Romero cuestionó con dureza la presentación de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impugnar una eventual candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo. Sostuvo que el planteo es jurídicamente improcedente porque todavía no existen candidaturas oficializadas y afirmó que la Corte no puede funcionar como un órgano de consulta anticipada.
En su argumentación, defendió la constitucionalidad del artículo 90 de la Constitución de Tucumán y aseguró que su texto habilita expresamente el paso de la Vicegobernación a la Gobernación, siempre dentro de un esquema que contempla límites a la continuidad en el poder.
Romero también diferenció la situación tucumana de los antecedentes de Formosa, Río Negro y San Juan, al señalar que esos casos estuvieron vinculados a mecanismos de reelección indefinida o interpretaciones sin una autorización expresa. Según su postura, la norma provincial establece un límite final y debe respetarse la autonomía de Tucumán.
Finalmente, sostuvo que la discusión sobre la elegibilidad deberá darse cuando existan candidaturas concretas y por las vías institucionales correspondientes. “El 9 de mayo del 27 deciden los tucumanos”, remarcó, al cuestionar lo que considera un intento de trasladar a los tribunales una disputa que debe resolverse en las urnas.











