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Beatriz Ávila votó a favor de la nueva ley de discapacidad y pidió garantizar el acceso al trabajo

La senadora nacional por Tucumán cuestionó el veto del Ejecutivo a la ley de emergencia y destacó la experiencia tucumana de Espacio Juntarnos como un ejemplo de inclusión laboral. El Senado aprobó la nueva ley por unanimidad.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2026. La senadora nacional Beatriz Ávila acompañó la sanción de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, aprobada con 71 votos afirmativos. Durante el debate, sostuvo que las políticas públicas para las personas con discapacidad deben trascender las diferencias partidarias y dar previsibilidad a quienes llevan demasiado tiempo esperando respuestas.

Ávila cuestionó al Gobierno nacional por haber vetado en 2025 la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya sanción fue ratificada por el Congreso. La senadora sostuvo que los derechos de las personas con discapacidad no pueden ser una variable de ajuste y señaló que, pese a la intervención de la Justicia y a la insistencia del Poder Legislativo, el Ejecutivo demoró las respuestas que el sector necesitaba.

En ese marco, la legisladora destacó la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole. A su juicio, el gesto del pontífice dio mayor visibilidad a los reclamos de las personas con discapacidad y sus familias y contribuyó a que el oficialismo revisara su postura.

Tucumán y el derecho al trabajo

En su intervención, Ávila señaló que en Tucumán viven alrededor de 60.000 personas con discapacidad y puso el foco en las barreras que enfrentan para acceder al empleo. Destacó el valor del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta de acceso a derechos y señaló la necesidad de acompañarlo con oportunidades concretas de inserción laboral.

Como ejemplo, mencionó a Espacio Juntarnos, un emprendimiento gastronómico tucumano que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad. La senadora planteó que experiencias como esta pueden replicarse en otras provincias y sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad de las prestaciones y generar condiciones para que más personas puedan trabajar y desarrollar sus proyectos de vida.

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