Envíos bajo la lupa: el avance del narcotráfico por encomiendas expone fallas de control en el NOA
El secuestro de 16 kilos de cocaína que viajaban ocultos en una encomienda con destino final en Buenos Aires volvió a encender las alarmas sobre una modalidad delictiva en franco crecimiento: el uso de empresas de correo privado para el traslado de drogas a gran escala. El hallazgo, concretado en Tucumán durante un control del Operativo Lapacho, permitió no solo interceptar la carga sino también detener días después al destinatario, mediante una estrategia judicial que empieza a marcar el pulso de las investigaciones federales.
El procedimiento se inició el sábado 13 de diciembre, cuando efectivos policiales detuvieron un camión de correo que circulaba hacia el sur de la provincia. Con el apoyo de un escáner, los uniformados detectaron “ladrillos” de cocaína entre la mercadería transportada. De inmediato, se dio intervención al Juzgado Federal a cargo de José Manuel Díaz Vélez, que autorizó la aplicación de la figura de “entrega vigilada”: la droga fue reemplazada por un material de idéntico peso y el paquete continuó su recorrido bajo control policial hasta que, el miércoles siguiente, el destinatario fue detenido al intentar retirarlo.
El caso no fue aislado. Apenas un día antes, otro control del Operativo Lapacho había permitido descubrir un envío con siete kilos de marihuana. En ese expediente, la maniobra derivó en una medida inédita: además del receptor de la droga, fueron detenidos el gerente y un empleado de la empresa de correo involucrada, lo que abrió una discusión judicial sobre las responsabilidades dentro de la cadena de despacho.
La normativa vigente obliga a quien envía una encomienda a firmar una declaración jurada asegurando que el contenido no es ilegal, pero impide al personal de las empresas revisar los paquetes. La situación contrasta con el sistema de encomiendas internacionales, donde la mercadería debe exhibirse antes de autorizar el traslado. A esto se suma una limitación estructural: en el NOA no existen escáneres que controlen la totalidad de los vehículos que circulan por las rutas, a diferencia de lo que ocurre en los aeropuertos.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del fenómeno. Hasta el 24 de diciembre se incautaron 264 kilos de estupefacientes en el país: 87 de cocaína y 177 de marihuana. El transporte por encomienda creció más de un 100% respecto de 2024, cuando se habían secuestrado 90 kilos de cocaína y 39 de cannabis. En ese contexto, Tucumán lidera el ranking de hallazgos en 2025, con 20 procedimientos y 122 kilos decomisados, seguido por Salta y la provincia de Buenos Aires.
El análisis de los envíos permitió reconstruir la trazabilidad del narcotráfico regional. Salta aparece como el principal punto de partida, con bultos que sumaron 50 kilos de cocaína y 177 de marihuana, mientras que Jujuy aportó otros 37 kilos de cocaína. Orán, en particular, concentra una parte significativa de los despachos, tanto por volumen como por frecuencia.
Los destinos también son variados: Salta, Tucumán y Buenos Aires encabezan la lista, aunque se detectaron envíos hacia La Rioja, Córdoba, Catamarca e incluso El Calafate. El crecimiento del comercio virtual y del transporte de mercaderías por correo, acelerado desde la pandemia, se convirtió así en un aliado estratégico para las organizaciones criminales.
Desde el propio Operativo Lapacho admiten las dificultades. “Estamos sobrepasados”, reconoció su jefe, el comisario Fabio Ferreyra, al señalar que decenas de camiones circulan a diario y que los controles solo permiten revisar una parte mínima. En muchos casos, el primer indicio surge del olfato de los efectivos, que perciben el aroma característico de hojas de coca o marihuana al abrir los compartimentos.
Semanas atrás, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz reclamó una mayor inversión en tecnología y recursos humanos para sostener los controles. Mientras tanto, la experiencia reciente dejó en evidencia que el correo privado se consolidó como una de las principales vías para el traslado de drogas y otras mercaderías ilegales, una tendencia que obliga a replantear los mecanismos de fiscalización y la responsabilidad de cada eslabón del sistema logístico.
