El Gobierno nacional estableció los criterios que regirán la selección de obras y proyectos dentro del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) para el período 2027-2029, con el objetivo de ordenar el gasto de capital y focalizar los recursos en iniciativas estratégicas.
La medida fue oficializada a través de una resolución conjunta de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, en la que se fijan dos grandes ejes de prioridad: por un lado, la continuidad de obras ya iniciadas y, por otro, la evaluación estricta de nuevos proyectos.
En ese marco, se dará prioridad absoluta a aquellas obras que se encuentren en ejecución, con el fin de garantizar su finalización y evitar la dispersión de recursos. Para los nuevos proyectos, se analizará su impacto en variables clave como la generación de empleo, el impulso a las exportaciones, la mejora de la balanza energética y el desarrollo tecnológico.
Además, se estableció que toda iniciativa deberá contar con un informe técnico vigente emitido por la Dirección Nacional de Inversión Pública, así como con estudios de prefactibilidad o factibilidad previamente presentados.
Otro punto central es el financiamiento: el Ejecutivo buscará priorizar proyectos que ya cuenten con respaldo de crédito externo o que estén en proceso de obtenerlo con aval de la Secretaría de Finanzas, como forma de asegurar su viabilidad económica.
Desde el Gobierno de Javier Milei explicaron que este esquema apunta a mejorar la eficiencia del gasto público y evitar la incorporación de obras sin sustento técnico o financiero.
La normativa también aclara que este ordenamiento no implica una asignación automática de fondos, sino que funciona como una herramienta para organizar el Banco de Proyectos de Inversión Pública y alinear las prioridades con el presupuesto nacional.
De este modo, el Ejecutivo busca avanzar en una planificación más selectiva de la obra pública, en un contexto donde la disponibilidad de recursos y el acceso al financiamiento son variables clave.
