El Gobierno nacional autorizó la realización de operaciones de crédito público por hasta US$5.000 millones, con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos otorgados por entidades financieras internacionales con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.
La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La normativa faculta al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York en los contratos vinculados a estas operaciones.
Esto significa que la República Argentina renuncia a invocar la inmunidad de jurisdicción frente a eventuales reclamos judiciales relacionados con dichos acuerdos. Sin embargo, el decreto establece límites claros para proteger activos estratégicos del Estado.
Entre los bienes excluidos de cualquier posibilidad de ejecución se encuentran las reservas y cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bienes del dominio público ubicados en territorio nacional, los destinados a servicios públicos esenciales, los activos protegidos por inmunidad diplomática y consular, el equipamiento militar, el patrimonio cultural de la Nación, así como los impuestos y regalías adeudados al Estado.
El Ministerio de Economía será el encargado de definir las condiciones de las operaciones, incluyendo plazos, monedas, modalidades de contratación y la selección de las entidades financieras participantes. Además, podrá suscribir los acuerdos correspondientes, contratar agentes fiscales y calificadoras de riesgo, y autorizar el pago de las comisiones necesarias para concretar el financiamiento.
