Gestión de residuos: la intendenta Rossana Chahla declara la «emergencia ambiental y sanitaria» en la Capital
La intendenta Rossana Chahla envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, declarando la emergencia ambiental y sanitaria en San Miguel de Tucumán por el plazo de un año.
La norma autoriza al Departamento Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos.
La decisión de Chahla obedece a la crisis que atraviesa el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos, debido a la falta de aportes de otros municipios que lo integran.
Señala que existen actualmente graves déficits en materia ambiental y sanitaria, y remarca la obligación de la Intendencia de atender los servicios esenciales, como la preservación de la higiene pública.
El manejo de las más de 900 toneladas de basura que se producen a diario en el Gran San Miguel de Tucumán y zonas aledañas está en riesgo. El Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) está agobiado por las deudas de gran parte de los municipios y comunas que lo integran, según confirmaron varias fuentes oficiales. La única administración que no reporta números en rojo es la Capital.
Mientras crecía la deuda con el Consorcio, varios intendentes recibían fondos de la Provincia precisamente para atender los servicios en las plantas de San Felipe y de Overo Pozo. Un rápido repaso por el Boletín Oficial muestra que, entre octubre del año pasado y principios de este mes, del Tesoro Provincial se otorgaron a los municipios del Gran San Miguel de Tucumán alrededor de $ 350 millones bajo el concepto de “Asistencia Financiera Reintegrable, destinada al pago del servicio que presta el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”.
Como contraste, en el mismo período el atraso en los pagos por parte de los municipios generó un rojo de casi $ 769 millones, según información del propio Consorcio. Según lo publicado por el Gobierno, en este último año la Municipalidad de Yerba Buena fue la más favorecida con los aportes reintegrables para el pago de la gestión de residuos. La administración que conducía el ahora diputado Mariano Campero recibió $ 125,7 millones en decretos a lo largo de esos meses. Le sigue Tafí Viejo ($ 83,5 millones), Banda del Río Salí ($ 55,1 millones), Alderetes ($ 47,6 millones), Lules ($ 25,5 millones) y Bella Vista ($ 12 millones).
Fuente: CONTEXTO
