Comienzan a definirse los nombres de quienes ocuparán los cargos vacantes de organismos nacionales en Tucumán
El paso de los días no hace más que incrementar las expectativas en torno a las demoradas coberturas de los cargos de conducción en las dependencias del gobierno nacional que funcionan en Tucumán.
Aún cuando se trata de una situación que se repite en todo el país, incluso en la propia ciudad de Buenos Aires, la falta de definiciones mantiene en vilo a parte del gobierno y a la dirigencia que abriga alguna expectativa en torno a esos lugares vacantes.
La nómina local incluye más de veinte despachos por ahora vacíos. Los más visibles y también los más apetecibles son las UDAI de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), cuyo control habilita el manejo de recursos y cobertura territorial, y el PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), la millonaria obra social de los pasivos.
En los últimos días se multiplicó en las pantallas de los teléfonos de un pequeño grupo de dirigentes una lista de nombres, que sería la que maneja la Nación para cubrir esos cargos.
Tal como se suponía, los candidatos habrían sido preseleccionados por el legislador Ricardo Bussi, máximo referente de Fuerza Republicana, partido aliado de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán.
Los aliados de Javier Milei en el balotaje, la mayoría del PRO y de una rama de la UCR, también tendrían lugares asignados y habrían hecho sugerencias, pero el ministro del Interior, Guillermo Francos, habría ordenado respetar territorialmente a los intendentes y referentes aliados, a quienes se les atribuye el conocimiento necesario sobre las personas adecuadas en cada ciudad para los distintos espacios.
El secretario del Interior, el tucumano Lisandro Catalán, habría ejercido un rol clave para diseñar el armado en estas tierras.
Si bien la información es extraoficial y las designaciones no están formalizadas, se acercaría a la versión oficial de la propuesta vigente, de acuerdo con varias fuentes, incluidos varios dirigentes consultados, que de todas formas no descartaron que hubiese cambios.
La Anses incluye la Jefatura Regional y las unidades de Atención de la Capital (son dos), Yerba Buena, Concepción, Famaillá, Bella Vista y Lules. No está confirmado que todas las bocas de atención permanezcan abiertas y esto mantiene en alerta a los empleados y gremios de la actividad, que ya fueron sacudidos cuando se extinguieron los contratos de menos de un año de vigencia.
Los últimos locales en habilitarse, el año pasado, fueron tres que tienen las mismas prestaciones que los que ya estaban en marcha y cuyos objetivos eran descomprimir la atención en el resto. Se trata de los que están ubicados en Famaillá, en Bella Vista y el de San Miguel de Tucumán que está en la calle Muñecas al 300.
En el caso de la Regional el nombre que suena con más fuerza es el del ex intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar. El radical forma parte de la línea del partido que encabeza el diputado nacional Mariano Campero, una de las figuras que brindó apoyo político y fiscalización para LLA durante la segunda vuelta presidencial.
Para las UDAI (Unidad de Atención Integral) capitalinas, en tanto, los candidatos serían el ex postulante de FR al Parlasur, Mario Aramayo (en la sede central de la calle 25 de Mayo), y el dirigente del PRO Daniel Apud (para la de la calle Muñecas), quien fue Director Regional del NOA del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri. Apud es hermano de Álvaro, el concejal yerbabuenense.
En el caso de Concepción, la señalada es la doctora Viviana Gonzalez Mestre, una profesional que habría aportado el intendente de la UCR Alejandro Molinuevo, en quien habría confiado la Nación para que aportara candidatos de la zona.
En PAMI provincial ya se descartaron dos candidatos y el tercero, que no está ratificado, es Alejandro Lembo, quién según la página oficial del Sanatorio Luz Médica sigue siendo el director médico de esa institución.
En el Pami Concepción, se menciona con fuerza el nombre de Miguel Correa, otro médico cercano al jefe municipal sureño.
Las dependencias de Desarrollo Social de la nación quedarían en manos de Pablo Lizondo. Mientras que el Galpón de esa área en donde se preservan distintas mercaderías con fines sociales, sería responsabilidad de Roberto Díaz.
Las oficinas del Ministerio de Trabajo Nacional podrían ser lideradas por el abogado Martín Fernández González, un dirigente cercano a Bussi. En la delegación de Seguridad, en tanto, podría ser designado el abogado Gonzalo Peñalba Pinto.
Una de las sorpresas es una dirigente política territorial mencionada para un área que, se creía, sería disuelta por Milei. Se trata de Valeria Amaya, la ex funcionaria municipal de la gestión de Germán Alfaro. Amaya había sido postulante a diputada nacional de la lista que quedó conformada tras las PASO y que encabezó Campero.
Un grupo de ex legisladores republicanos también tendría su lugar. Para el Registro Nacional de las Personas (Renaper) local se pensó en la ex parlamentaria y ex autoridad de la Cámara, Sandra Orquera. Otro ex compañero de la bancada de FR, Horacio Vermal, administraría la sede Tucumán del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). La Aduana, en tanto, podría ser operada por Mario Casali.
Cuando trminaba el convulsionado 2023 en el Gobierno provincial y Fuerza Republicana-LLA se especulaba que quienes se encargarían de acordar los puestos serían el legislador Ricardo Bussi y el gobernador Osvaldo Jaldo.
La participación de la Provincia quedó trunca con el avance del 2024. En medio de la negociación por la Ley Ómnibus y del desarrollo de la gestión nacional, en el justicialismo habrían considerado más prudente no participar de la distribución.
Ricardo Bussi viajará a Buenos Aires en los próximos días para mantener una serie de reuniones antes de que se oficialicen los nombramientos.
