El Gobierno apunta a eliminar cupos laborales por considerarlos «ideológicos y discriminatorios»
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Ejecutivo tomará «medidas necesarias» para erradicar políticas de ingreso a la administración pública basadas en criterios ajenos a la idoneidad profesional. «La Argentina no admite prerrogativas de sangre, nacimiento o religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley», expresó en sus redes sociales.Aunque Adorni no especificó qué regulaciones serían revisadas, los anuncios generan incertidumbre sobre el futuro de normativas como:
El cupo laboral travesti-trans, que garantiza un mínimo del 1% de los empleos estatales para personas travestis, transexuales y transgénero.
La ley de cupo femenino (24.012), que establece un 30% de representación femenina en las listas electorales.La paridad de género en la política, que obliga a alternar hombres y mujeres en las candidaturas legislativas.
El Gobierno de Javier Milei considera que estas políticas son discriminatorias y deben ser reemplazadas por sistemas de ingreso basados exclusivamente en el mérito.
Evaluación obligatoria para estatalesEn paralelo, el Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, presentó el Sistema de Evaluación Pública (SEP), un examen obligatorio para los 40 mil trabajadores estatales cuyos contratos vencen a fin de año. Según Sturzenegger, esta medida busca «garantizar la eficiencia y profesionalismo en la función pública».
Los modelos de examen ya están disponibles en la plataforma Argentina.gob.ar, y los empleados deberán rendir las pruebas en diciembre para obtener la renovación de sus contratos.
Reacciones divididas
Organismos de derechos humanos y colectivos como el Observatorio de Diversidad manifestaron preocupación por el posible retroceso en conquistas históricas de inclusión. «Eliminar el cupo laboral travesti-trans sería negar una herramienta fundamental para la integración social», advirtieron.
Desde la oposición, legisladores del Frente de Todos calificaron la medida como «un ataque ideológico contra las políticas de equidad». Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que las reformas buscan «una verdadera igualdad ante la ley, basada en méritos y capacidades».
El debate promete intensificarse a medida que el Ejecutivo avance con las modificaciones anunciadas y los resultados del SEP comiencen a impactar en la estructura laboral del sector público.
