La Justicia rechazó la cautelar de Moviser y avaló la nueva adjudicación del servicio de residuos en el Gran San Miguel de Tucumán
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán desestimó la medida cautelar presentada por Moviser SA, que buscaba frenar el traspaso del servicio de disposición final de residuos a la nueva adjudicataria, la UTE Esur SA – Ciageser SA.
El fallo fue firmado por la jueza María Florencia Casas (Sala I), quien argumentó que no se cumplían los requisitos legales de verosimilitud del derecho para conceder una medida de no innovar.
🔹 Antecedentes clave:
- La nueva concesión fue otorgada por el Consorcio Metropolitano Girsu por un monto de $68.142 millones por 60 meses.
- Moviser —prestadora saliente desde hace 13 años— había ofertado $103.968 millones y denunció supuestas irregularidades.
- El traspaso abarca las plantas de San Felipe y Overo Pozo.
Argumentos rechazados por la Justicia:
- Supuestas falencias legales del representante de la nueva UTE
- Falta de inscripción en el Registro Público (en trámite)
- Omisión del pago del Impuesto de Sellos del seguro de caución
La jueza consideró que no se acreditó debidamente la “apariencia de buen derecho” requerida para este tipo de medidas y que la pretensión podría ser “temeraria o muy cuestionable”.
Con este fallo, la UTE podrá continuar operando con normalidad desde el 1 de mayo, mientras se espera la resolución definitiva del caso.
El proceso se da en un contexto de creciente escrutinio sobre la eficiencia, transparencia y sustentabilidad de la gestión de residuos urbanos en el área metropolitana tucumana.
