Usurpaciones en El Cadillal: la Justicia ordena desalojos y pone bajo la lupa a funcionarios comunales
Dos recientes fallos judiciales sacaron a la luz la gravedad de las usurpaciones de tierras fiscales en El Cadillal, una de las zonas turísticas más valiosas de Tucumán. En ambos casos, los jueces determinaron que los terrenos en disputa pertenecen al Estado provincial y ordenaron su inmediata restitución. Las sentencias exponen un preocupante entramado de negocios irregulares, habilitaciones comunales sin verificación legal y ocupaciones sobre tierras públicas.
Caso 1: un terreno disputado que nunca fue privado
El primer expediente, investigado por el fiscal Carlos Saltor, surgió de una disputa entre particulares por un lote en la zona de Puerto Argentino. En abril de 2021, Aldo Floreano Stefanutti transfirió supuestos derechos posesorios a Manuel de Jesús Vergara, quien luego denunció la usurpación del predio por parte de Justo Pastor Barraza, un cuidador que había sido contratado para proteger el terreno.
Durante la causa, se presentaron cesiones de derechos ante escribanías, pedidos de conexión eléctrica a EDET y trámites ante la ex Subsecretaría de Regularización Dominial. Sin embargo, la investigación reveló que ninguno de estos documentos tenía validez legal, y que la escrituración había sido rechazada por múltiples irregularidades.
La Fiscalía de Estado, representada por Santiago Luis Xamena, se sumó como querellante y pidió la restitución del terreno al patrimonio público. En audiencia, la jueza Cynthia Rocha ordenó el desalojo del inmueble en un plazo de 30 días, señalando que se trata de un espacio destinado a preservación ambiental y desarrollo turístico. La fiscal auxiliar Daniela Briz Tomas subrayó que las tierras fiscales son intransferibles y protegidas por la Ley Provincial N° 9.099.
Caso 2: un quiosco sobre tierra fiscal y una habilitación comunal
El segundo fallo involucra al ex agente de la Policía Federal Víctor Hugo Arroyo, procesado en agosto de 2023 por usurpación de un terreno fiscal de alto valor inmobiliario. No solo construyó viviendas y un quiosco en el lote, sino que también delimitó el predio con estacas y obtuvo una habilitación comercial otorgada por la comuna de El Cadillal, conducida por el comisionado Dante Delgado.
El acusado incluso pagaba impuestos municipales, como si el terreno fuera de su propiedad. Esta irregularidad llevó al juez Guillermo Taylor a ordenar la restitución del lote al Estado y a solicitar la apertura de una investigación sobre los funcionarios comunales que autorizaron el comercio sin verificar la titularidad dominial.
Advertencias institucionales y posibles nuevas denuncias
Ambos fallos evidencian un patrón alarmante: la expansión de loteos y edificaciones irregulares en áreas protegidas, amparadas en trámites administrativos dudosos o directamente ilegales. Durante la audiencia del primer caso, el fiscal Xamena advirtió sobre el “grave peligro para la preservación del patrimonio público”, mientras que la fiscal Briz Tomas recordó que la normativa provincial exige la devolución de todas las tierras fiscales usurpadas.
El Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado consideran que estos casos podrían ser solo el comienzo, y no se descartan nuevas denuncias en los próximos días. Mientras tanto, El Cadillal, uno de los principales destinos turísticos de Tucumán, queda en el centro del debate entre desarrollo urbano, legalidad y protección de los recursos naturales.
