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Procesan a Valentina Olguín por contrabando simulado con datos del gobernador Jaldo: piden embargo y evalúan probation

 Procesan a Valentina Olguín por contrabando simulado con datos del gobernador Jaldo: piden embargo y evalúan probation

La influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín fue procesada por contrabando simulado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, en una causa que investiga el uso indebido de los datos fiscales del gobernador Osvaldo Jaldo para realizar compras en el exterior. El magistrado también ordenó un embargo de $5 millones sobre sus bienes. La imputada continuará el proceso en libertad.

La acusación se centra en una maniobra mediante la cual Olguín habría utilizado la identidad de cinco gobernadores, entre ellos Jaldo, para adquirir mercadería en el extranjero. El caso se originó en noviembre pasado, cuando el mandatario tucumano detectó operaciones a su nombre en una tienda de Miami, lo que motivó una denuncia ante la Fiscalía Federal, encabezada por Agustín Chit.

Las pesquisas, con el apoyo de la Dirección General de Aduanas, confirmaron que Olguín recurrió a datos de Jaldo, Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). Solo Kicillof y Jaldo advirtieron la situación por su cuenta.

Durante su declaración, Olguín —defendida por la abogada Claudia Paz— reconoció los hechos y afirmó haber hallado los datos mediante búsquedas en Google. Según su testimonio, recurrió a identidades públicas al quedarse sin cupo de importación, creyendo que el nombre de un gobernador podría sortear controles aduaneros. No obstante, los investigadores consideran que existió una planificación deliberada.

Por ahora, el proceso judicial continúa únicamente respecto al caso del gobernador tucumano. Las causas relacionadas con los demás mandatarios fueron remitidas a las jurisdicciones correspondientes para que se evalúe su eventual investigación.

La imputación se encuadra en el artículo 864, inciso e, del Código Aduanero, que contempla penas de dos a ocho años de prisión por simular operaciones de importación con fines de lucro. Sin embargo, la defensa buscará acceder a una probation, dado que Olguín no tiene antecedentes penales y el delito no supera los tres años de pena mínima.

La probation incluiría una reparación económica —posiblemente una donación al Hospital de Niños— y un pedido de disculpas público al gobernador Jaldo. Cabe destacar que la imputación no involucra el uso de fondos públicos, ya que las operaciones habrían sido pagadas con dinero propio.

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