Jaldo justificó la intervención en Alberdi por el avance del narcotráfico y una “crisis institucional”
El gobernador firmó el decreto acuerdo 4/10 que dispuso la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi. Vinculó la medida con la proliferación del narcomenudeo y la presunta complicidad de autoridades municipales. La Legislatura deberá refrendar el DNU.
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto acuerdo 4/10 que ordena la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi y designa a Guillermo Norry como normalizador. En el texto, el mandatario vinculó directamente la decisión con el avance del narcotráfico y con una grave crisis institucional derivada de las recientes denuncias contra autoridades locales.
“Desde hace tiempo los habitantes del municipio de Juan Bautista Alberdi han sido víctimas de sucesivos hechos vinculados con la venta ilegal de estupefacientes, que se han agravado con las denuncias penales formuladas contra las autoridades del órgano ejecutivo y del Concejo Deliberante”, señala el decreto, que ya fue girado a la Legislatura para su tratamiento. La sesión para refrendar la intervención podría concretarse este jueves.
El documento, firmado por Jaldo y su gabinete de ministros, subraya que corresponde a la Provincia “velar por la seguridad y la salubridad pública en todo el ámbito provincial” y que la lucha contra el narcotráfico es una política central del actual gobierno. En ese sentido, el Ejecutivo consideró que los hechos denunciados “han originado una crisis de gravedad institucional que afecta seriamente el orden público del municipio, la seguridad y las buenas costumbres de sus habitantes”.
Autoridades en la mira
El texto también indica que “en los hechos relatados se encuentran involucradas autoridades del órgano ejecutivo y del Concejo Deliberante municipal”, lo que, según el gobierno, pone en crisis el cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Además, se señala que podrían existir responsabilidades penales que deberán ser determinadas en el marco de los procesos judiciales correspondientes.
“Las razones reseñadas imposibilitan el normal ejercicio de las funciones y atribuciones de sus autoridades, con notoria alteración de las relaciones del Estado municipal con la comunidad”, sostiene el decreto.
Una medida extraordinaria
Jaldo fundamentó la urgencia de la intervención en la necesidad de “preservar el orden institucional del municipio y la seguridad de los habitantes”. Y aunque reconoció que se trata de una medida de sustancia legislativa, consideró que “la gravedad y urgencia de los hechos ameritan recurrir a esta norma de emergencia”.
La intervención, que será válida por hasta 180 días, contempla la convocatoria a elecciones municipales para el 26 de octubre. En paralelo, avanza la causa judicial que involucra al ahora exintendente Luis Campos y a otros funcionarios del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.
