Fernando Cerimedo, entre la condena a Bolsonaro y el escándalo de corrupción en el entorno de Milei
El consultor argentino, acusado en Brasil por integrar el núcleo de desinformación del bolsonarismo, reapareció en la escena judicial argentina como testigo clave en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Su figura conecta dos crisis que ponen a prueba la democracia en la región.
La política latinoamericana volvió a exhibir sus vasos comunicantes entre redes sociales, corrupción y desinformación. El 11 de septiembre de 2025, mientras el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenaba al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar una organización criminal destinada a subvertir el orden democrático, en Buenos Aires el consultor argentino Fernando Cerimedo declaraba como testigo en la investigación por coimas en el organismo que dirige políticas para personas con discapacidad.
Cerimedo, de 42 años, marplatense y estratega digital de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, se encuentra imputado en Brasil por haber formado parte del aparato de propaganda que alentó las protestas golpistas del 8 de enero de 2023. El informe de la Policía Federal lo menciona 66 veces como integrante del “núcleo de desinformación”, responsable de sembrar dudas sobre la legitimidad del sistema electoral brasileño.
En Argentina, su nombre reaparece en el marco de la causa ANDIS, tras la difusión de audios en los que el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, describía un esquema de sobornos del 8 al 20% en contratos de medicamentos, cuyos fondos terminarían en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia y en manos de funcionarios cercanos a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Ante el fiscal Franco Picardi, Cerimedo ratificó que Spagnuolo le había revelado en confianza la existencia de ese mecanismo de recaudación ilegal. Aunque negó ser autor de las filtraciones, su testimonio validó de manera independiente la veracidad de las grabaciones.
El consultor, que en Brasil enfrenta la posibilidad de una condena de hasta 30 años de prisión por “atentado violento al Estado de Derecho”, aparece así en dos escenarios distintos: en un país, como acusado de propagar desinformación que alentó un intento de golpe; en otro, como testigo que podría ayudar a desentrañar un caso de corrupción que golpea directamente al círculo íntimo del presidente Milei.
La coincidencia temporal entre la condena a Bolsonaro y la declaración de Cerimedo no pasó desapercibida. Para algunos analistas, es el reflejo de cómo la ultraderecha regional comparte tácticas, protagonistas y redes de financiamiento, y cómo la justicia de ambos países enfrenta el desafío de investigar fenómenos que trascienden fronteras.
En un continente atravesado por el populismo digital y las tensiones institucionales, el futuro de figuras como Cerimedo plantea una pregunta de fondo: ¿son operadores que simplemente leen el pulso de la sociedad o arquitectos de las grietas que ponen en riesgo a la democracia?
