Todo el sistema de lucha contra el narcotráfico en el NOA tiembla ante los casos de corrupción que involucran a gendarmes
Los casos de corrupción dentro de Gendarmería Nacional continúan multiplicándose en el Noroeste Argentino (NOA), poniendo bajo la lupa la credibilidad de la fuerza en su rol central contra el contrabando y el narcotráfico. Desde Tartagal hasta Córdoba, pasando por Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, las investigaciones judiciales avanzan sobre una serie de episodios que revelan un entramado de irregularidades cada vez más profundo.
El episodio más reciente estalló el lunes en Tartagal (Salta), cuando por orden de la fiscal federal Lucía Orsetti, se realizaron allanamientos simultáneos en el destacamento local de la fuerza y en el domicilio particular de su jefe. Aunque el resultado de las medidas se mantiene bajo reserva, trascendió que la pesquisa está vinculada con un secuestro de 160 kilos de cocaína efectuado meses atrás.
El operativo que originó la causa tuvo lugar en mayo pasado, cuando gendarmes de esa unidad detuvieron una camioneta en la que viajaban dos hombres y un menor. Al inspeccionarla, hallaron el cargamento valuado en más de 560.000 dólares. La fiscal Orsetti sospecha que parte de los uniformados habrían participado en una red dedicada al transporte y encubrimiento de droga, lo que derivó en la detención de dos efectivos en junio y ahora en la imputación de otros miembros, incluido el jefe del destacamento.
De acuerdo con versiones extraoficiales, un ex gendarme detenido por narcotráfico habría implicado a sus antiguos compañeros de Tartagal como proveedores de estupefacientes incautados que nunca se reportaban. En total, ya son cinco las causas judiciales por corrupción que involucran a personal de la fuerza en la región en menos de dos años.
Uno de los antecedentes más complejos fue el que llevó adelante el fiscal federal Agustín Chit, quien procesó a más de una docena de personas —entre gendarmes y organizadores de tours de compras— por asociación ilícita y cohecho. Según su investigación, los uniformados cobraban dinero para dejar pasar vehículos con mercadería de contrabando y drogas entre Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
El secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib, evitó pronunciarse sobre el caso concreto, aunque valoró que la Justicia haya actuado. “Es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero preocupa que una fuerza encargada del control fronterizo esté envuelta en este tipo de hechos”, advirtió.
En los ámbitos judiciales, la preocupación crece. “Gendarmería fue históricamente una de las fuerzas más confiables del país, pero los últimos años la han dejado marcada por la corrupción”, sostuvo el abogado Patricio Frecia. A su vez, la penalista Candelaria Hernández apuntó que el narcotráfico “se mueve de manera transversal, contaminando estructuras sociales, económicas y políticas. Sin una depuración interna, será imposible combatirlo”.
Los datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal confirman el contraste regional: durante 2024, los casos de contrabando disminuyeron 48% en Jujuy y 15% en Salta, pero aumentaron 70% en Tucumán y 9% en Santiago del Estero, provincias alejadas de la frontera. En materia de narcotráfico, Tucumán registró un crecimiento del 1.997% en el transporte de estupefacientes, un salto que encendió todas las alarmas.
“Esto golpea la confianza ciudadana en la fuerza que debería ser el brazo operativo de la Justicia Federal”, opinó el abogado José del Río, quien atribuyó parte del problema a bajos salarios, deficiente formación y procesos de selección ineficaces.
El jurista Javier Lobo Aragón (h.) fue más categórico: “Mientras los propios encargados de controlar las fronteras estén al margen de la ley, jamás se podrá llegar al fondo del narcotráfico. Estas organizaciones tienen recursos para comprarlo todo: incluso la conciencia de quienes deberían detenerlas”.
