Vargas Aignasse impulsa una Ficha Limpia más estricta en Tucumán: busca impedir candidaturas con condena en primera instancia
En la recta final de 2025, mientras la Legislatura se prepara para tratar el Presupuesto 2026 y continúa el debate por la reforma electoral, una propuesta tomó protagonismo propio: el proyecto de Ficha Limpia recargada presentado por el legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse, que busca elevar los estándares de integridad para el acceso a cargos públicos en Tucumán.
La iniciativa establece que toda persona con condena penal en primera instancia, dictada en juicio oral y público, por delitos graves, quede inhabilitada para ser precandidata o candidata a cualquier cargo electivo, así como para ejercer funciones políticas de alta jerarquía. Según el legislador, el objetivo es crear un “régimen de integridad, idoneidad y lucha contra la corrupción” que proteja la ética pública y fortalezca el funcionamiento institucional.
Una inhabilitación que rige desde la primera instancia
El proyecto —firmado también por el legislador Roberto Moreno— detalla que la inhabilidad se mantendrá hasta que exista sentencia absolutoria firme, sobreseimiento definitivo o revocación total de la condena, diferenciándose así de otras propuestas que exigen una sentencia en segunda instancia.
Vargas Aignasse fundamenta que la condena de primera instancia “no es una mera imputación, sino el resultado de un proceso oral y público con pruebas evaluadas por un tribunal imparcial”. Aclara que no implica una pena adicional, sino una condición para acceder a cargos públicos y preservar la integridad del sistema democrático.
Quiénes quedarían alcanzados
La prohibición abarcaría a:
Precandidatos y candidatos a cargos electivos.
Legisladores, intendentes, concejales y delegados comunales.
Ministros, secretarios, subsecretarios y secretarios de Estado.
Directores y autoridades superiores de entes autárquicos, descentralizados y empresas públicas.
Los delitos contemplados incluyen: corrupción, delitos sexuales graves, narcotráfico, trata de personas, homicidios dolosos, privación ilegítima de la libertad, criminalidad organizada, lavado, terrorismo, delitos contra el orden constitucional y crímenes de lesa humanidad.
Sin avances en comisión y contraste con el proyecto oficial
La propuesta de Vargas Aignasse es más estricta que la enviada por el Poder Ejecutivo en 2024 —firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Regino Amado—, que hasta ahora no obtuvo dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales. Esa versión oficial proponía la exclusión solo para condenas en segunda instancia e incluía también a deudores alimentarios.
Un debate que vuelve una y otra vez
Tucumán ya tuvo antecedentes de iniciativas similares, como la presentada en 2020 por José María Canelada, que finalmente perdió estado parlamentario. A nivel nacional, el tema también generó controversias: este año, el Senado rechazó un proyecto de alcance federal que tenía media sanción.
Mientras tanto, la propuesta de Vargas Aignasse reabre el debate y promete tensar la agenda política en las próximas sesiones, en un contexto en el que la demanda social por mayor transparencia y ética en la función pública crece de manera sostenida.
