Dudas y certezas que rodean el crimen de Zoe, la nena asesinada de un balazo en San Cayetano
El asesinato de Zoe, la niña de 7 años alcanzada por una bala mientras jugaba en la vereda de la casa de su abuelo en San Cayetano, continúa bajo un clima de tensión y múltiples incógnitas. Aunque la investigación dio sus primeros pasos con tres detenciones y un cúmulo de pruebas iniciales, aún persisten dudas sobre los motivos del ataque, los eventuales responsables que faltan identificar y la red de violencia que rodeaba a ambas familias.La reconstrucción preliminar indica que el jueves 20 de noviembre, alrededor de las 16.20, cuatro jóvenes —dos a pie y dos en motocicleta— irrumpieron en la cuadra. Uno de ellos abrió fuego al menos cinco veces hacia el domicilio, hiriendo de gravedad a Zoe. Vecinos la trasladaron de urgencia al CAPS del barrio y, luego, al Hospital de Niños, donde se le practicaron maniobras para contener una hipertensión craneana crítica. A pesar de los esfuerzos médicos, la niña sufrió muerte cerebral el viernes por la tarde.
Ese mismo jueves por la noche, la Policía detuvo a “Ratón”, de 19 años, y a un adolescente apodado “Menor”, de 16. Ambos fueron sometidos a audiencias donde se les dictaron medidas cautelares por cuatro meses. Horas después del fallecimiento de Zoe, estalló un episodio de violencia paralela: un grupo incendió la casa del padre de los otros dos implicados, que seguían prófugos.
Frente a la escalada, “Chueco”, un vendedor ambulante de 18 años, y su hermano de 15 —inimputable por su edad— se entregaron. El sábado, la auxiliar fiscal María José Agüero acusó a “Chueco” como autor del homicidio doblemente agravado y pidió su alojamiento en la Unidad 5 de Villa Urquiza. Las primeras pericias lo colocan como único tirador: las cámaras de seguridad analizadas muestran que sólo él portaba un arma en el momento del ataque.
En paralelo, familiares de Zoe apuntaron a un trasfondo que —aseguran— venía acumulando señales. Su tía Lorena denunció públicamente que la familia había sido amenazada en reiteradas ocasiones y que varias denuncias no habrían tenido seguimiento.
A ese reclamo se sumaron voces de vecinos que vinculan los disparos con una supuesta disputa territorial por venta de drogas en la zona, un elemento que los investigadores aún no dan por confirmado y mantienen como una línea abierta entre otras posibles.
Las certezas judiciales hoy se apoyan en tres pilares: la identificación del tirador, la mecánica del ataque dirigido al domicilio y la existencia de testigos que vieron a los agresores desplazarse en dos rodados.
Pero las dudas siguen marcando el ritmo del expediente. No está claro el móvil del ataque, tampoco si un segundo menor grabó la secuencia para difundirla —una hipótesis que surgió del análisis preliminar de videos— y permanece abierta la posibilidad de que una quinta persona, también menor de edad, haya participado de la planificación o ejecución.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que restan pericias clave: ampliaciones de testimoniales, análisis pormenorizado de las filmaciones y comprobaciones técnicas que permitan determinar si existió un componente de instigación o si el ataque fue un episodio más dentro de un conflicto previo no debidamente detectado.
Mientras la pesquisa avanza, la comunidad de San Cayetano continúa sacudida por el crimen de la niña, que expuso no sólo una trama violenta aún en estudio, sino también un circuito de denuncias previas que no habrían tenido respuesta oportuna. El expediente, todavía en estado embrionario, se mueve entre certezas duras y preguntas que aún esperan respuesta.
