Cerisola condenado: el ex rector de la UNT y la disputa por los fondos mineros
El ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y como coautor de defraudación en perjuicio de la administración universitaria. La sentencia está vinculada a obras realizadas entre 2006 y 2009 con fondos provenientes de utilidades de la minería.
Según la investigación, Cerisola dispuso la construcción y refacción de unas 100 obras en distintas dependencias, aunque fue acusado por presuntos sobreprecios e irregularidades en al menos 13 de ellas. El fallo también alcanzó a la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani (tres años y dos meses), y al ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino (dos años en suspenso).
Uno de los casos más emblemáticos fue la remodelación de la Facultad de Derecho, conocida como “Casa Remis”, donde se detectaron pagos con cifras desproporcionadas. El perito de la Corte Suprema, Francisco Guzmán, declaró que en los expedientes “se hallaron irregularidades en cada una de las obras, con múltiples banderas rojas que evidenciaban anomalías y posibles hechos de corrupción”.
En su alegato final, Cerisola se declaró perseguido y sugirió haber sido convertido en un chivo expiatorio: “He sido elegido yo para esta persecución penal. Me pregunto: ¿la estructura seré yo?”.
Mientras tanto, la UNT mantiene desde 2018 la prohibición de rendir homenajes a Cerisola. Su retrato, a diferencia de los de otros ex rectores, no figura en la sala del Consejo Superior.
La disputa por los fondos de YMAD
El trasfondo del caso se relaciona con el manejo de las utilidades de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), empresa creada en 1958. La ley establece que el 40% de esos recursos corresponde a la UNT, con destino exclusivo a la Ciudad Universitaria de San Javier.
Durante su gestión, Cerisola firmó un acta en 2008 que modificó esa distribución: un 20% quedó para otras universidades y otro 20% quedó como libre disponibilidad para la UNT, lo que permitió financiar su propio plan de obras. Con esta decisión, el ex rector dio por concluido el proyecto original de San Javier y promovió una “ciudad universitaria siglo XXI” en la capital tucumana. Sin embargo, las obras quedaron inconclusas.
Se calcula que entre 2003 y 2014 ingresaron a la UNT al menos 300 millones de dólares, de los cuales 110 millones fueron destinados a otras universidades tras el acta firmada en 2008.
En 2018, el Consejo Superior declaró nulo ese acuerdo y resolvió que los fondos mineros deben volver a destinarse a la finalización de la Ciudad Universitaria según lo fijado por la ley. Actualmente, la UNT mantiene en plazo fijo el dinero recibido, a la espera de una definición sobre cómo utilizarlo.
Procesos pendientes
Además de esta condena, restan resolverse procesos judiciales contra una veintena de empresarios involucrados en las obras cuestionadas, así como causas por la falta de retenciones por unos $70 millones. También sigue abierta la investigación sobre el ex secretario de Bienestar Estudiantil, Ramiro Moreno, grabado en 2010 ofreciendo prebendas a cambio de votos para favorecer la candidatura de Cerisola.
