Cisneros pide modificar la Constitución para “modernizar” los órganos de control

El diputado cuestionó al Ersept y al Tribunal de Cuentas. “La reforma vendría bien para expandir los derechos de los consumidores”, dijo.

Ampliar los derechos de los consumidores y de los usuarios de servicios públicos. Esa debería ser la prioridad a contemplar al momento de hablar de una reforma constitucional en Tucumán, según el diputado Carlos Cisneros.  

El oficialista puso como ejemplo los recurrentes cortes en la energía eléctrica para justificar la necesidad de darle rango constitucional al Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y modificar el Tribunal de Cuentas. “Vendría bien para expandir los derechos de los consumidores y usuarios, ya que la última reforma de 2006 se quedó muy corta. Deberíamos darle rango constitucional al Ersept, que esté integrado por oficialismo y oposición, y que tenga las herramientas para mantener una política de estado en defensa de los usuarios con duras sanciones”, opinó. Y apuntó contra el Tribunal de Cuentas.  

“La reforma de 2006 dejó pasar esa oportunidad para modernizar los órganos de control acorde a los nuevos derechos. En su lugar, constitucionalizó el Tribunal de Cuentas y perpetuó los privilegios de sus vocales, dándoles un trato de monarca. Este órgano ha tenido una conducta deleznable, que solo ha servido para paralizar la administración y extorsionar; por ejemplo, a un delegado comunal porque perdió una boleta. Yo creo que en una posterior reforma deberíamos hacer como hicieron la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y Salta, e ir hacia una Auditoría General Provincial, que funcione en forma más rápida y eficiente”, planteó el referente nacional del gremio bancario. 

Cisneros reforzó su postura con la situación que viven los tucumanos con la prestación del servicio de energía eléctrica. “Este servicio pésimo, con todos los cortes de luz que vivimos ayer, son porque EDET se cree impune. ¿Y cómo no se va a creer impune? Si en enero de 2022 recibió tres multas por $5 millones cada una, que son montos irrisorios para los daños causados, y aún no pagó. La empresa judicializó las multas y al día de hoy siguen sin poder ser cobradas, mientras los usuarios sufren tres o más cortes en un día”, aseguró el diputado.  “La empresa está manejada por un fondo buitre norteamericano que, entonces, no invierte y se lleva afuera la plata de las tarifas astronómicas que cobra. Y lo hace porque no tiene consecuencia alguna y encima estos fondos extorsionan con ir al Ciadi”, dijo. 

“Vendría bien una reforma constitucional para ampliar los derechos de los consumidores y usuarios, agilizar los órganos de control y modernizar las instituciones”, completó Cisneros. 

Fuente: LA GACETA