Cómo funciona el reparto de alimentos de Desarrollo Social y cuáles son las irregularidades que detectó la justicia
Una planilla de Excel que detalla el reparto de alimentos desde el Ministerio de Desarrollo social, puede tener la clave para resolver la pesquisa de la venta ilegal de esa mercadería, dado que en esa lista se identifica a las 73 organizaciones civiles y sociales que retiraron los víveres correspondientes a diciembre, de las cuales el 30 por ciento no devolvió la correspondiente rendición de cuentas.
El sistema funciona así: los intermediarios solicitan los módulos alimentarios (cada uno pesa ocho kilos) al Estado y Desarrollo Social, teniendo en cuenta el número de personas a las que aseguran asistir, les entrega una orden para que retiren la mercadería de la sede de la empresa Hacha de Piedra, que funciona en Alderetes.
Diciembre fue un mes especial, ya que Gobierno decidió reforzar las partidas de víveres aumentándole un 50% más de lo que reciben mensualmente las organizaciones. En total, según la información a la que se tuvo acceso, se repartieron más de 50.000 módulos alimentarios que son unos 400.000 kilos y por los que el Estado invirtió más de $ 320 millones.
Según se informó oficialmente, la asistencia llega a personas que solicitan ayuda de manera individual en Desarrollo Social y que sólo pueden retirar dos módulos por mes (16 kilos), mientras que organizaciones civiles y sociales, comunas, municipios y ahora trascendió que también lo hacen entidades gremiales (el Sindicato de Ladrilleros es uno de ellos) también tienen la posibilidad de recibir mercaderías si cumplen con todos los requisitos.
Sin embargo, los primeros días de enero, Desarrollo Social determinó que 20 organizaciones (casi el 30% de las 73 de las que fueron asistidas) no habían cumplimentado con la obligación de informar cuál había sido el destino de los víveres.
En la totalidad de esto casos, siempre según los informes oficiales, se desconoce qué hicieron con la mercadería unas 20 agrupaciones que habrían recibido un total aproximado de casi 15.000 módulos (unos 120.000 kilos) que tuvieron un costo de $ 119 millones, más de la tercera parte del total invertido.
En el polémico listado aparecen varios detalles. Por ejemplo, entre otras agrupaciones que no cumplieron con las obligaciones y tienen nombres, al menos curiosos. Entre ellos Movimiento Popular de la Dignidad, Movimiento Lucha y Rebelión y Misioneros de Francisco.
Justamente, el grupo que está inspirado en el papa Francisco y la agrupación 11 de Noviembre, con 120 módulos alimentarios, fueron las que menos ayuda recibieron. En el ranking de las que más mercadería recibieron aparecen el Frente de Trabajadores del Interior (3.150), Frente Darío Santillán (2.700) y Tucumán en Marcha (1.500).
El fiscal Ignacio López Bustos podría utilizar estos datos como una referencia del sistema de entrega de mercaderías, pero no como la verdad absoluta. Ello se debe a que estos son datos del último mes que entregaron mercadería. Él está investigando los movimientos que hubo desde marzo de 2023, por lo que le queda determinar qué sucedió a lo largo de los otros nueve meses.
La teoría de López Bustos es que las personas que retiraban la mercadería de la empresa Hacha de Piedra se quedaban con toda o parte de ella para luego comercializarlas de manera ilegal.
Esa hipótesis se desprendió de la acusación que le hizo a Marcos Soria, el empleado legislativo que está vinculado al concejal Emiliano Vargas Aignasse.
Sin embargo, en medio de la pesquisa surgió otro dato. Los víveres podrían haber sido retirados por allegados a dirigentes políticos para armar bolsones que luego cambiaban por voto.
Esa sospecha surgió luego de que se confirmara que en octubre hubo una doble entrega de módulos alimentarios. Ese mes se desarrollaron las elecciones presidenciales y luego el balotaje.
Todavía no se encontraron reportes de lo que sucedió entre abril y junio, cuando la campaña por las elecciones provinciales de recambio de autoridades estaba al rojo vivo.
Fuente: CONTEXTO
