Cuatro detenidos y un mar de dudas sobre la venta ilegal de mercaderías del Ministerio de Desarrollo Social

En medio de un mar de dudas, emergen dos certezas que apuntalan la investigación en torno a la venta ilegal de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Federico Masso.

En primer lugar se da por hecho que los cuatro detenidos integran el último eslabón de la maniobra de malversación de recursos del Estado. La segunda es que los sospechosos todavía no contaron todo lo que saben. 

Todo lo demás se compone de dudas, intercaladas con acusaciones cruzadas que tienen tinte político, lo que empantana la pesquisa.
El titular de la cartera involucrada en el espinoso tema, por pedido del gobernador, Osvaldo Jaldo, denunció que había personas que se dedicaban a la venta de los productos que debían formar parte de los módulos alimentarios que se entregan a personas necesitadas y, en grandes cantidades a comedores, organizaciones no gubernamentales y sociales y a comunas y municipios. Los hombres de la ex Brigada de Investigaciones confirmaron la versión.

Según la pesquisa, hay personas que comercializan los productos a través de las redes sociales. Establecieron que, por citar algunos ejemplos, ofrecían un fardo de 20 paquetes de fideos a $ 12.000 (promedio $ 600 la unidad) y otro fardo de yerba mate de 10 kilos a $ 8.500 ($ 850 cada uno) lo que representa el 50 por ciento de lo que se ofrece en el mercado. Los interesados se contactaban con ellos y pactaban la entrega en un lugar determinado. Aceptaban transferencias bancarias, por lo que podría resultar más sencillo llegar a los vendedores.

El fiscal Carlos Sale fue el primero en analizar el expediente. Luego se sumó su par Ignacio López Bustos, que quedó al frente de la fiscalía de Delitos Complejos durante la feria. Entre ambos lograron que se realizara una veintena de allanamientos en diferentes lugares del Gran San Miguel de Tucumán, donde secuestraron mercadería y detuvieron a cuatro personas.

Estas medidas fueron el inicio de una pesquisa que nadie puede afirmar hasta dónde llegará. Los indicios recolectados en los procedimientos y la información proporcionada por el ministro de Desarrollo Social abrieron el panorama de la investigación.

La repartición, desde hace bastante tiempo, tenía un sistema de distribución de los módulos alimentarios. Los individuales, que representan menos de la mitad de los 600.000 kilos que adquiere el Estado mensualmente, se entregan en un depósito de Lavalle al 2.300.

Todos los otros destinatarios debían buscarlo de una empresa de transporte ubicada en Alderetes. Ellos, después de confeccionar los paquetes con víveres, los distribuían entre los beneficiarios. Según la información oficial, eran unas 75.000 unidades que debían ser entregadas a los beneficiarios, ya que cada una pesa aproximadamente 8.000 kilos.

En el medio de la pesquisa se conocieron algunos polémicos detalles. Por ejemplo, la empresa era la responsable de entregar los alimentos sin ningún control estatal. De Desarrollo Social sólo recibían la lista de beneficiarios que debían pasar por los depósitos y el mencionado que aparecía en la nómina sólo con acreditar su identidad retiraba los víveres.

La mayoría de los víveres secuestrados por las autoridades estaban en fardos. Este no es un dato menor: orientó las sospechas al accionar de las personas que retiran la mercadería de los depósitos de la firma de transporte.

Se informó oficialmente que hay por lo menos 72 organizaciones sociales inscriptas en ese registro, cuando en realidad, en la provincia no existirían más que 24. A los beneficiarios se les exigía que entregaran un informe en CD sobre quiénes retiraban los módulos. El fiscal López Bustos deberá indagar sobre quiénes se llevaban los alimentos y qué hacían con ellos.

En el medio, funcionarios denunciaron el robo de computadoras del ministerio. Masso informó que él había ordenado realizar una copia de toda la documentación. “La información está salvada y la presentaremos en la Justicia”, declaró Masso días atrás.

Las estrategias defensivas de los acusados ya comenzaron a ser desplegadas. A Adrián (37) y a Juan Juárez (27) y a Ivana Sánchez (33), un juez les dictó la prisión preventiva por 22 días, aunque se aceptó que la mujer cumpliera con la modalidad de arresto domiciliario. Los tres habrían declarado que habían comprado la mercadería de buena fe para revenderla y que no sabían cuál era su origen.

El defensor de los acusados Gustavo Morales viralizó en las redes sociales un video donde informaba cómo era la maniobra e involucró a una hija del ministro Masso como responsable. También anunció que presentaría a un testigo clave para confirmar su versión. El profesional cumplió con la promesa y pidió que entrevistaran al joven, que sería vendedor de gaseosas en las tribunas del estadio de Atlético.

Sin embargo, fuentes tribunalicias informaron que su testimonio habría sido inconsistente y que bajo ningún punto de vista logró incriminar a la joven. De todas maneras, aún quedan cuestiones que deberá resolver López Bustos sobre la situación procesal de la denunciada.

El sábado, personal de la ex Brigada de Investigaciones realizó numerosos allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán, Bella Vista, Concepción y Aguilares. En un domicilio de Villa 9 de Julio encontraron fardos de lentejas y puré de tomate, entre otros víveres. Por esa razón quedó aprehendida Rosa Margarita Ibáñez (61), propietaria del domicilio donde se encontró la mercadería y además se incautó una camioneta que tenía pedido de secuestro.

“Ella no tiene nada que ver con la mercadería. Simplemente prestó su domicilio para que la guardaran allí. No sabía cuál era el origen y mucho menos el destino final”, aseguró Agustina Lasquera, la nueva defensora de la sospechosa, ya que ayer fue asistida por otro profesional. ¿Aportará el nombre de la persona que dejó los víveres allí?, le consultó nuestro diario. “Ella va a decir todo en su debido momento porque no tiene nada que ver”, respondió la abogada.

A pesar del hermetismo, el fiscal sumó indicios para sospechar que el señalado sería un tal “Marcos” y que tendría o habría tenido algún tipo de vínculo con Ibáñez. También creería que podría ser un puntero del oficialismo de Villa 9 de Julio. “Todavía no hemos terminado de leer el expediente para informar si estamos hablando de la misma persona. En principio esa versión es la que estamos manejando”, agregó la profesional.

Se espera claridad con el paso del tiempo y el avance de la investigación, en especial la audiencia de este lunes, donde la mujer, cuya defensora adelantó que se opondrá a que le dicten la prisión preventiva, tendrá la oportunidad de revelar la identidad de una persona vinculada al poder político en el robo de la mercadería.

Fuente: CONTEXTO