Dan de baja al empleado legislativo que vendía comida de Desarrollo Social

Pocas horas después de que se le notificara que iba a pasar un mes en prisión, con la posibilidad de que ese plazo se extienda, Marcos Soria recibió otro duro golpe, al enterarse de que la Legislatura provincial ultima detalles para dar de baja como empleado al joven vinculado al concejal Emiliano Vargas Aignasse, cargo que ocupó durante 15 años y que perderá al quedar vinculado a la causa por la venta de mercadería del Ministerio de Desarrollo social, destinada a gente de escasos recursos.

El sábado pasado, personal de la ex Brigada de Investigaciones se presentó en el domicilio de Rosa Margarita Ibáñez, en Villa 9 de Julio. Allí encontraron los víveres que deberían haber sido entregados a personas carenciadas. La sospechosa y su hija Alejandra les informaron a las autoridades que esos alimentos habían sido dejados allí por Soria, yerno y pareja, respectivamente de las mujeres.

Según consta en el expediente, informaron que el sospechoso trabajaba en el Concejo Deliberante. Esa fue la razón por la que la Policía decidió buscarlo ahí el lunes y también en su domicilio. El sospechoso terminó presentándose en la ex Brigada horas después.

Al haberse enterado de lo que había ocurrido, el vicegobernador Miguel Acevedo dio instrucciones al personal administrativo de que iniciaran los trámites administrativos para darle de baja de manera inmediata. “No esperó ningún sumario, sino que decidió dejarlo sin trabajo”, explicó una fuente. “La lectura que hicieron las autoridades es que es imperdonable que un trabajador de este cuerpo esté acusado de un delito de esas características”, añadió.

El miércoles, en la audiencia de formulación de cargo, la auxiliar Julieta Molé, siguiendo las instrucciones de López Bustos, acusó a Soria de quedarse con mercadería que debía distribuir a sectores carenciados y vendérselas a su suegra. Al ser empleado legislativo, fue considerado como funcionario público por lo que se agravó su situación procesal.

El hecho de que dejara de pertenecer a la Legislatura, no cambiará su situación ante la Justicia, ya que fue imputado en la causa antes de que fuera dado de baja.

Por otra parte, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social informaron que las agrupaciones Frente Darío Santillán, 17 de Agosto y Somos Barrios de Pie, entregaron fuera de término la documentación en la que informaba el destino que le dieron a la comida. 

Ese fue el motivo por el que fueron incluidas en el listado de las veinte organizaciones sociales que no cumplieron con el trámite ante la Justicia, detalle difundido en el transcurso de esta semana.

Fuente: CONTEXTO