El CELS advierte que sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado en Argentina

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe crítico sobre el impacto de las medidas del Gobierno de Javier Milei en las políticas públicas de cuidado. Según el relevamiento, solo el 8% de estas políticas continúan vigentes y más de 2,8 millones de personas dejaron de recibir al menos una prestación de la que eran beneficiarias.
En diálogo con Noticias Argentinas, Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, explicó que de las 50 políticas nacionales de cuidado identificadas antes de diciembre de 2023, solo cuatro se mantienen activas, principalmente aquellas vinculadas a transferencias directas de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. «Esto refuerza un modelo de individualismo y es completamente insuficiente», advirtió.
Adultos mayores: elegir entre comer o medicarse
El informe también señala una fuerte afectación en los derechos de las personas mayores. La moratoria previsional fue eliminada y quienes perciben la jubilación mínima más el bono necesitan al menos $45.000 adicionales por mes para no caer en la pobreza. Además, se redujo el número de personas con cobertura de medicamentos por parte del PAMI: de 4,6 millones a 3,8 millones.
Discapacidad: más trámites, menos derechos
En cuanto a las personas con discapacidad, el CELS alertó sobre un crecimiento del 40% al 75% en el rechazo de solicitudes de pensiones, además de la revocación de 56.000 pensiones ya otorgadas. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sido objeto de fuertes recortes presupuestarios y burocratización de los trámites. “Los rechazos son cada vez más frecuentes y con escasa fundamentación”, denunció De la Vega.
Educación sexual, cuidados infantiles y derechos laborales en retroceso
También se identificó un desfinanciamiento de políticas esenciales para la igualdad de género, como la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Según el CELS, se está desarmando el entramado estatal que garantizaba el derecho al cuidado infantil en guarderías, jardines y centros comunitarios.
En el plano laboral, se desarticularon los programas que buscaban reducir desigualdades estructurales, como el cupo travesti-trans, eliminado bajo el argumento de que la única condición de ingreso debe ser la «idoneidad». Asimismo, las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde enero, y la situación de las mujeres rurales es calificada como crítica.
Conclusión
“El Estado ha retrocedido drásticamente en su rol de garante del cuidado y la igualdad”, concluye el informe. Para el CELS, el actual modelo de gestión profundiza las desigualdades sociales, de género y económicas, al tiempo que abandona a los sectores más vulnerables.