El desastre en Bahía Blanca y la falta de infraestructura: un problema estructural en Argentina
Las catástrofes como la ocurrida en Bahía Blanca tienen dos causas principales: la intensidad de los fenómenos climáticos y la falta de obras de infraestructura que podrían mitigar sus efectos. Ejemplos de esto sobran. En la Ciudad de Buenos Aires, sectores como la avenida Juan B. Justo o barrios de Belgrano solían sufrir inundaciones severas, hasta que la realización de obras hidráulicas logró resolver el problema de manera definitiva.
Sin embargo, en gran parte del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, las obras de infraestructura necesarias siguen sin realizarse. El déficit es notorio y ha dejado a miles de personas expuestas a inundaciones y desastres evitables. La trágica inundación de La Plata en 2013, que dejó numerosas víctimas fatales, es un recordatorio de los efectos de esta falta de planificación y ejecución de obras.
En medio de la emergencia en Bahía Blanca, llamó la atención la ausencia del presidente Javier Milei en la zona afectada. En otros países, ante situaciones similares, los mandatarios acuden al lugar para expresar solidaridad y acompañar a los damnificados. En España, tras las recientes inundaciones en Valencia, los reyes visitaron la región afectada, brindando apoyo a los ciudadanos. Un gesto simbólico de este tipo ayuda a generar confianza y mostrar que el Estado está presente.
El gobierno, por otro lado, parece decidido a avanzar por decreto en temas sensibles como el acuerdo con el FMI, eludiendo el tratamiento legislativo. Esta estrategia conlleva riesgos, como se vio en la frustrada designación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. La administración de Milei enfrenta desafíos tanto en la gestión como en la comunicación con la sociedad, lo que genera señales de vulnerabilidad política.
Mientras el oficialismo se enfrenta a tensiones internas y externos, las dificultades económicas y la falta de infraestructura siguen siendo problemas sin resolver. La reconstrucción de Bahía Blanca será una prueba clave para evaluar la respuesta del gobierno ante emergencias climáticas y la capacidad de gestión en situaciones críticas.
