El Ejército envía camiones y helicópteros para apoyar la lucha contra los narcos en Rosario y modifican la ley de Defensa
El Gobierno ordenará el lunes el envío de 150 vehículos, helicópteros y equipos de comunicaciones de las Fuerzas Armadas para apoyar el “operativo de saturación” de la Gendarmería, otras fuerzas de seguridad federales y la policía de Santa Fe que se desplegará frente a la nueva ofensiva narco que incluye asesinar a taxistas, colectiveros y empleados de estaciones de servicio en Rosario y atacar comisarías.
Como se sacarán gendarmes de la zona de frontera, Defensa enviará militares para “intervenir también en las zonas de seguridad de frontera” dando apoyo a las fuerzas policiales pero sin intervenir en ninguna tarea policial, reveló una alta fuente oficial a Clarín.
Mientras el ministro de Defensa, Luis Petri, tiene “lista la modificación del decreto reglamentario a la ley de Defensa” de Nilda Garré que permitirá un mayor apoyo militar a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora deberá ser aprobado y firmado por el presidente Javier Milei.
La ministra de Defensa, Patricia Bullrich, anunciará el lunes un paquete de medidas frente a los nuevos episodios de violencia de esta semana vinculadas a la decisión del gobernador de Santa Fe Maxi Pullaro de difundir fotos con el endurecimiento de las condiciones de detención de los narcos al “estilo Bukele” por el presidente de El Salvador.
“Vamos a colaborar con logística, transporte y comunicaciones en el marco de la ley de Seguridad Interior y vamos a intervenir también en zona de seguridad de frontera” informó a Clarín una alta fuente del ministerio de Defensa.
Las leyes de Seguridad Interior 24.059) y de Defensa (23.554) fueron sancionadas por el ex presidente Raúl Alfonsín como reacción al involucramiento de las FF.AA. en la represión ilegal durante la dictadura.
Pero en el 2006 el ex presidente Néstor Kirchner, a instancias de su ministra de Defensa, Nilda Garré, hizo aún más restrictivo el uso de los militares ante las llamadas “nuevas amenazas”, como el narcotráfico, el terrorismo internacional y el crimen organizado.
Por ejemplo, el artículo 1º de esa reglamentación de Garré dice que las FF.AA. solo “serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados”.
Es decir, si en forma hipotética el grupo narco de Brasil Primer Comando Capital atacara en la Argentina como lo hizo en 2017 contra Prosegur en Ciudad del Este con fusiles de asalto AK-47, ametralladoras antiaéreas, granadas, explosivos, chalecos antibala, miras láser y equipos de visión nocturna, PCC), las FF.AA. argentinas no podrían intervenir. Lo mismo si lo hiciera el Hezbollah del Líbano –que ya voló la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994)- porque es un partido político y no un Estado.
A fines de enero, en un discurso pronunciado en El Palomar al despedir a un contingente de cascos azules, Petri ratificó ese objetivo y aclaró que no es para que combatan en forma directa a los narcos, como sucede en Colombia o México.
“Las Fuerzas Armadas tienen que recuperar la plena capacidad de accionar. Porque en el mundo en que vivimos tienen que estar preparadas no solamente para combatir cualquier agresión externa de un Estado”, expresó el ministro radical en la Brigada Aérea de El Palomar, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general, Xavier Julián Isaac. El cambio legal es clave porque los militares resisten un mayor involucramiento en este tema sin tener una cobertura legal que los respalde.
La gestión Milei también podría elaborar, en ese sentido, una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), para que los militares reemplacen a los gendarmes en, por ejemplo, la custodia de las centrales nucleares.
En el fondo hay, también, un debate ideológico. El kirchnerismo sostiene que la discusión sobre las nuevas amenazas es alentada en América Latina por el Comando Sur de los EE.UU.
En un comunicado que dirigió a la población de Rosario, Bullrich dio este sábado más pistas sobre estos cambios. “También tenemos previsto solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior”. La ministra de Seguridad ya habla de “narcoterrorismo” y no es por casualidad.
Y advirtió que “todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos será inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo”.
Así a los autores de los ataques a civiles en Rosario, además de asesinato y otros delitos se les pedirá el doble de la pena prevista para el hecho cometido.
Se aplicará, el artículo 41 quinques del Código Penal, que textualmente dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
Fuentes del Gobierno señalaron a Clarín que los ataques a civiles en Rosario podrían ser por varios motivos. Por un lado, podrían encuadrarse dentro de la puja de poder de las organizaciones criminales “Los Monos”, “Los Alvarado” y “Los Funes”. Estos grupos “actuando a través de elementos policiales cercanos, que les prestan colaboración, continúan disputándose espacios territoriales”, agregaron.
Para las fuentes “este tipo de sucesos debe interpretarse, por otro lado, a la luz de la conmoción pública que generan (balear un edificio público, un colegio, un colectivo, o asesinar a un taxista)”.
Para las fuentes “las medidas adoptadas respecto de las condiciones carcelarias, históricamente generaron represalias extramuros”.
Como “muchos integrantes de las principales organizaciones se encuentran detenidos, los cambios aplicados en la política penitenciaria provincial para evitar que continúen liderando sus grupos criminales desde su lugar de detención, provocarán la reacción de los integrantes de las distintas organizaciones que se encuentran en libertad” como, por ejemplo, atacar civiles, agregaron.
A principios de año, Bullrich armó lugares de aislamiento contra los jefes narcos de alto riesgo detenidos en cárceles federales para tratar de impedir que sigan manejan sus bandas desde su lugar de detención.
El viernes, Bullrich creó un Comité de Crisis junto al gobernador de Santa Fe, Maxi Pullaro, y los jefes de las Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la policía de Santa Fe. El comité, dice la resolución, “solicitará al Ministro de Defensa el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en Rosario en los términos del artículo 27 la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059”.
El comité funcionará hasta el 9 de julio de 2024 y podrá prorrogarse.
Por su parte, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, Martín Verrier explicó que “lo que está encabezando Bullrich, por pedido del Presidente, es el diseño de un plan de apoyo a la Provincia de Santa Fe”.
“Rosario tiene la particularidad de ser hoy un hub (NdR centro) del narcotráfico, en relación a la conexión que tiene a través de las rutas con el NOA, con el NEA y la hidrovía” contó Verrier a Dato sobre Dato de radio Milenium.
Ahora “estamos diseñando una ampliación del programa del comando conjunto donde uno de los ejes es el incremento del personal desplegado de las fuerzas federales y también de los medios”.
Para Verrier, el comando conjunto instalado en Rosario a principios de año “logró una reducción significativa de los homicidios, a pesar de estos trágicos eventos de estos últimos días”. En febrero de este año hubo 6 frente a los 33 del mismo mes de la gestión anterior.
Además, “en el primer mes hemos incrementado un 300% la incautación de cocaína, que en los últimos cuatro años había caído un 30%”, agregó en alusión a la gestión de ex ministro de Seguridad K Aníbal Fernández. “La droga que no se incauta termina alimentando la logística y el poder financiero de sectores del narcotráfico”, explicó Verrier.
Las organizaciones de narcos, resaltó, “crecen en la medida en que el Estado no está presente. Eso se configura y se estabiliza en la medida que esté en el barrio a través de las fuerzas de seguridad y con el apoyo de las demás agencias del Estado: Desarrollo Social, Transporte, iluminación… “
Sin embargo, aclaró que “cuando lo pensamos mirando la imagen estratégica, no son grandes bandas, sino son pequeñas bandas enquistadas en sectores principalmente vulnerables del Gran Rosario.”
Un problema es la pata financiera. Durante el gobierno de Mauricio Macri “teníamos un acuerdo con la UIF (el organismo antilavado) para conformar equipos investigativos en conjunto. Eso se desarticuló en la administración del Frente de Todos. Estamos trabajando en reactivar ese mecanismo”, finalizó Verrier.
Esta semana, Bullrich había convocado el Comité de Seguridad Interior que incluye a representantes de cada una de las 23 provincias argentinas y al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff.
En la reunión, se presentó el “Anillo Digital Federal”, y se conformó una mesa de trabajo de análisis criminal Y, además, se difundió la estrategia para la aplicación de las Fuerzas Federales y su despliegue territorial, brindando detalles sobre el Plan Federal de Capacitaciones en materia de Narcotráfico y el Plan Federal de Inspecciones de Precursores Químicos. En tanto que en materia de investigación criminal se informaron los avances y resultados del Sistema Federal de Comunicaciones Federales (SIFCOP) y del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) así como sobre la labor de Policía Científica.
Y lo más importante desde el punto de vista político, se acordó firmar con las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén un acuerdo para asegurar el punto 1 del “Pacto de Mayo”. Es decir, defender la propiedad privada. Es para encarar otro frente de conflicto en seguridad que espera Bullrich: los mapuches violentos. El acuerdo permitirá a las fuerzas federales actuales “ante posibles tomas, usurpaciones y cortes y pedidos de peajes como suelen hacer los grupos mapuches” sobre todo en Vaca Muerta y otras zonas petroleras.
Fuente: CLARÍN
