El Gobierno de Tucumán solicita la demolición de construcciones ilegales en áreas protegidas de El Mollar
Siguiendo instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone de Valls, presentó una solicitud formal ante la Justicia para que se ordene el retiro o, de ser necesario, la demolición de las construcciones que actualmente ocupan tierras fiscales en la comuna de El Mollar, una zona que ostenta el estatus de área natural protegida. La medida incluye todo tipo de edificaciones, viviendas, emprendimientos e instalaciones que sean incompatibles con el objetivo de conservación de la biodiversidad que caracteriza a esta región.
La acción de la fiscal de Estado surge en respuesta a la proliferación de construcciones y asentamientos humanos en esta área de gran valor ecológico, donde se ha detectado un creciente número de loteos y edificaciones ilegales que ponen en riesgo el equilibrio ambiental. La letrada, que representa al Estado provincial, optó por solicitar una medida cautelar, un recurso que busca obtener una respuesta rápida por parte de la Justicia para evitar mayores daños, en lugar de seguir los tiempos más prolongados que demandaría una acción penal. Sin embargo, Pedicone de Valls subrayó que esto no exime a los responsables de enfrentar futuros procesos judiciales.
En su presentación, la fiscal argumentó que la provincia de Tucumán está legitimada para iniciar esta acción en base al marco jurídico ambiental vigente. “Existe un riesgo certero de grave daño ambiental y un evidente incumplimiento de las normativas destinadas a proteger las áreas naturales. La presencia de construcciones y loteos en estos territorios amenaza directamente la biodiversidad, la conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de servicios ecosistémicos fundamentales para la región”, sostuvo Pedicone de Valls.
La fiscal también destacó que la urbanización y el parcelamiento del territorio en zonas protegidas traen consigo graves impactos ambientales. Entre ellos, mencionó la pérdida de hábitats naturales, la introducción de especies exóticas, la contaminación del suelo y del agua, y el aumento de la erosión, que afecta tanto a la flora como a la fauna autóctona. “Además, las infraestructuras necesarias para hacer habitables estas áreas, como caminos, redes de energía, agua y saneamiento, implican una transformación del paisaje que es contraria a los objetivos de conservación”, explicó Pedicone de Valls en su demanda.
El pedido formal busca detener de manera inmediata la expansión de construcciones ilegales en El Mollar, protegiendo así un área clave para la biodiversidad de la provincia, y sentando un precedente sobre la importancia de respetar las normativas ambientales vigentes en Tucumán.
