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El Gobierno destaca la asistencia social ante el aumento de la pobreza mientras se oficializa la reforma laboral

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A horas de la publicación del dato de pobreza correspondiente al primer trimestre de 2024 por el INDEC, el Gobierno libertario encabezado por Javier Milei ratificó su compromiso con la ayuda social, a pesar de los preocupantes indicadores económicos. Se espera que la cifra de pobreza, que en el segundo trimestre de 2023 fue del 41,7%, ascienda al 55%, afectando a más de 25 millones de personas, lo que representa un récord desde 2004.

El Gobierno reconoce que la situación es grave, especialmente entre los menores de 17 años, donde la pobreza alcanzaría al 66%. No obstante, sostiene que las reformas implementadas, como la oficialización de la reforma laboral y las políticas macroeconómicas, son necesarias para revertir esta tendencia a partir del tercer trimestre del año.

Desde el Poder Ejecutivo, se justificó el agravamiento de la situación económica bajo el argumento de una “pesada herencia” y se apuntó a las políticas económicas anteriores como responsables de la pobreza estructural. A pesar de los números negativos, el oficialismo destacó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, y la eliminación de intermediarios en la distribución de planes sociales como logros de la gestión de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano.

El gobierno subrayó que la nueva fórmula de actualización de la AUH ha permitido que las prestaciones cubran el 97,7% de la canasta básica, y se comprometió a continuar fortaleciendo los programas sociales y los comedores comunitarios. En los próximos meses, se buscará extender la Tarjeta Alimentar para cubrir a adolescentes hasta los 17 años, asegurando un mayor alcance a los sectores más vulnerables.

En medio de este difícil panorama, el Gobierno reafirma su enfoque en mejorar la calidad de vida de los más necesitados a través de asistencia directa, sin intermediarios, y con un fuerte control sobre el uso de los fondos públicos para garantizar la transparencia y la eficiencia.

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