El Gobierno presenta una Reforma Electoral: el fin de las PASO y cambios en el financiamiento de campañas
Días atrás, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley denominado “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”, que propone la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificaciones significativas en el financiamiento de las campañas políticas.
El fin de las PASOLas PASO, implementadas en 2011, fueron creadas bajo la Ley 26.571 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de organizar las candidaturas y reducir la fragmentación electoral. Sin embargo, su eliminación responde a críticas relacionadas con el alargamiento del calendario electoral, que, según el proyecto, genera un estado de campaña permanente y recarga a los ciudadanos al obligarlos a votar dos o hasta tres veces en un año.
El Gobierno busca acortar el calendario electoral, concentrando la elección en las generales y, de ser necesario, en una eventual segunda vuelta.
Cambios en el financiamiento de campañasLa reforma también aborda el financiamiento político, eliminando los límites a los aportes privados.
Entre los principales cambios destacan:Eliminación de montos máximos: En las elecciones de 2023, los aportes estaban limitados a $20 millones en las primarias, $40 millones en las generales y $20 millones en el balotaje. Con la reforma, no habrá límites en los montos ni en la cantidad de aportantes.
Transparencia y supervisión: Se creará una plataforma pública para registrar a los aportantes, quienes deberán declarar sus donaciones mediante declaraciones juradas. Los partidos abrirán cuentas bancarias supervisadas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Restricciones: Seguirán vigentes las prohibiciones para aportes de extranjeros sin residencia, explotadores de juegos de azar y empresas contratistas del Estado, entre otros.Solo podrán recibir aportes privados los partidos o alianzas con al menos el 4% del padrón del distrito.
Impacto esperadoLa reforma promete acortar el calendario electoral, reducir costos y transparentar el financiamiento político. Sin embargo, genera debates sobre su impacto en la representatividad y las condiciones de competencia electoral.
