El RIGI logró el primer visto bueno de la Legislatura con un guiño para la minería a cielo abierto
El régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI), contenido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742) va camino a aplicarse en un todo de acuerdo con los lineamientos fijados por el gobierno de Javier Milei.
La comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo, que encabeza Carlos Gallia, emitió un dictamen favorable al proyecto remitido por el gobierno provincial que impulsa también la derogación de la Ley 7.879 que impide la explotación de yacimientos mineros metalíferos.
La oposición, aunque avaló el dictamen, hizo la salvedad de que desde su punto de vista, la norma no generará beneficios debido a que no se incluyen incentivos a nivel provincial.
Tras la aprobación, el ex intendente de Lules afirmó: “Sabemos que este régimen a las grandes inversiones, con un piso de U$S 200 millones, son temas importantes para Tucumán, ya que cuenta con varios puntos estratégicos. No sólo es minería y energía, también hay infraestructura y turismo que podría -a futuro- interesar a estas grandes empresas. El RIGI, de alguna manera, lo que viene a dar es un poco de previsibilidad y estabilidad a futuro para aquellas empresas que vengan a invertir en el país, ya que le da una estabilidad de 30 años”.
La propuesta de adhesión a la ley nacional que se trató en la comisión lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
La argumentación sostiene que la provincia debe ir en procura de profundizar su desarrollo económico y social, lo que implica aplicar medidas que generen la inversión privada, el crecimiento y la generación de empleo.
En el artículo 167 de la ley nacional se determina que el RIGI será aplicable a las grandes inversiones en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos.
Sobre ese tema, el proyecto local avalado por la comisión que preside Gallía remarca que en la provincia existen pedidos de explotación minera en diferentes zonas, que no prosperan debido a la ley que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y con la la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción.
El gobierno argumentó que desde la década de los 90 la minería asumió compromisos ambientales y logró avances importantes en la materia, señalando que el cianuro, que motivó el dictado de la Ley 7.879, no se utiliza en la etapa de explotación, sino durante el proceso de separación del mineral.
El texto destaca también que tal procedimiento se aplica bajo regulaciones contenidas en leyes nacionales y normativas internacionales de control ambiental.
El dictamen fue firmado por Gallia y sus pares oficialistas Francisco Serra, Carlos Najar y Sandra Figueroa; así como los opositores Claudio Viña (Compromiso Tucumán) y Manuel Courel (Cambia Tucumán).
El presidente del bloque alfarista señaló que tenía un proyecto más completo, que generaba incentivos locales de gravitación tributaria.
“La Provincia tiene que ofrecer un incentivo, sino las inversiones irán a otra provincia”, opinó.
Courel, a su turno, consideró que si bien la adhesión es algo necesario, no fue suficiente el modo en que se propuso por no sumar un aporte local.
“Si querés que vengan inversiones tenés que seducir a los inversores. Tenemos que competir con Salta y Catamarca, que tienen minería. Si seguimos creando regímenes empresa por empresa, vamos mal”, sentenció.
