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Elecciones presidenciales: ¿qué puede pasar hasta octubre?

 Elecciones presidenciales: ¿qué puede pasar hasta octubre?

Los aumentos no cesarán, aunque el Estado se preservó algunas herramientas que, en cierta medida, le permitirán mantener bajo control los precios.

Hoy es prácticamente imposible sacar conclusiones sobre qué puede pasar hacia adelante; la única certeza es que la Argentina se encamina a transitar unos meses complicados en los que reinará la incertidumbre, con una macro frágil y un contexto social delicado. (Invecq Consulting)

La política todavía no puede levantarse de la paliza que la sociedad le aplicó en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hacer campaña hasta octubre es, verdaderamente, una prueba de resistencia. Los ciudadanos asisten a un escenario de alta volatilidad (uno más y van…) sin que el Gobierno logre enderezar el barco y dejarlo, al menos, en un mar más calmo. La Argentina es una caja de sorpresas. Un kilo de carne, que hace 10 días estaba en $ 2.500, hoy vale el doble; los acuerdos de precios con petroleras y supermercadistas llegaron después de que los comerciantes adaptaran los valores de los productos a la devaluada realidad del 22%, con un margen para subirlos nuevamente a una velocidad del 5% mensual. Los salarios corren por otro andarivel. Desde aquel lunes 14, cuando se disparó la devaluación, los ingresos de los argentinos pierden aún más su poder adquisitivo. La inflación los pasó batiendo récords mundiales, como lo hacía el velocista jamaiquino Usain Bolt. En esa carrera, el haber de los jubilados ni siquiera se paró en la línea de largada. En lo que va del año, viene perdiendo a razón de un 50%. El Gobierno nacional oficializó la suba del 23,29%, a partir de septiembre, para jubilados, pensionados y Asignación Universal por Hijo (AUH). Los que perciben la mínima, además, recibirán un bono de $ 27.000 durante tres meses. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) posdevaluación terminará licuando aquel incremento a la clase pasiva y en dos meses. Por ende, los jubilados seguirán penando.

En la Argentina, las devaluaciones muestran un alto traslado a precios: en lo que va del siglo XXI, hubo 10 episodios con alzas del tipo de cambio oficial y/o paralelo superiores al 15% mensual, las cuales arrojan, tras un trimestre, un promedio de pass-through a precios de casi 50% (si el tipo de cambio trepa 20%, el IPC 10%). Por esto, una posible medida de éxito de una devaluación es el pass-through que tuvo, indica un reporte de Equilibra, Centro de Estudios Económicos. El estado de ánimo de la sociedad no será el óptimo. Sergio Massa sabe que navega en dulce de leche. Por eso ayer, desde Washington, donde gestiona fondos ante el FMI, el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista admitió que la estela inflacionaria se extenderá hasta septiembre, en la previa a las presidenciales del 22 de octubre. Los aumentos no cesarán, aunque el Estado se preservó algunas herramientas (para nada efectivas) que, en cierta medida, le permitirán mantener bajo control los precios.

La preocupación de los consumidores se traslada al empresariado. La primera reacción del sector privado a la devaluación fue remarcar los precios y no quedar en off side ante la nueva realidad económica. Sin embargo, en el análisis de las consecuencias de esa conducta de cobertura no escapa un enfriamiento del consumo, mayor al que se viene registrando desde hace, por lo menos tres meses. Un dato para mostrar la profundidad del problema: durante la primera semana de este mes, la caída del consumo masivo ha sido del 16%, de acuerdo con la medición de la consultora Focus Market. Si ese ha sido el comportamiento antes de las PASO, ¿qué le queda para lo que vino después?

El escenario se torna más complicado si se toma en cuenta que los transportistas de carga entraron en una medida de fuerza que puede generar desabastecimiento en algunos sectores comerciales. Si bien se trata de un sector de autoconvocados, el malestar en la actividad es general por el aumento desmedido de los costos y el consecuente reajuste en el valor de los fletes.

El sector privado está inquieto. Los hechos delictivos que se sucedieron en algunas ciudades del país revivieron viejos fantasmas. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su enérgico “repudio ante los hechos de violencia que en las últimas horas han afectado a diversos establecimientos comerciales en distintos puntos de la Argentina”. La palabra saqueos volvió al diccionario cotidiano, aunque las autoridades consideran que no hay probabilidades de que esos hechos, que denominan aislados, se masifiquen en otras provincias. Por las dudas, en Tucumán el sondeo del humor social en algunas franjas de la población es permanente. Los hombres de negocios reclaman que haya más refuerzo en la tarea preventiva.

Massa intenta recuperar el terreno perdido a través de una mayor inyección de fondos a los sectores asalariados, a los jubilados y pensionados y también a los que cobran planes sociales. Una inflación del 12% para agosto y otra similar de septiembre serían catastróficas para las aspiraciones electorales del titular del Palacio de Hacienda.

Si agosto fue de varias plagas económicas y cambiarias, septiembre será de reacomodamientos, pensando en las elecciones de octubre. En ese aspecto, en el oficialista Unión por la Patria se está gestando una cumbre de gobernadores peronistas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Las fechas tentativas son el jueves 7 y el viernes 8 de septiembre en Buenos Aires. La fecha no es casual. Una semana después de esa cumbre, el Ministerio de Economía tendrá que elevar al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto para 2024. En esa iniciativa se detallan las obras que contarán con partidas aseguradas para la ejecución de obras de infraestructura, además de una estimación acerca de las transferencias automáticas a las 24 jurisdicciones nacionales. En el medio, los gobernadores tendrán un pantallazo acerca de cómo y de cuánto será el ajuste que la nueva administración de Gobierno nacional deberá ejecutar para ponerse a todo con las pautas acordadas con el FMI.

Mientras tanto, el equipo de campaña diseña la gira nacional que emprenderá la fórmula presidencial y que tendrá su escala en Tucumán, con una fecha incierta todavía.

La realidad económica torna difícil a la dirigencia tucumana salir a la calle a pedir el voto para los comicios de octubre. Tanto el gobernador Juan Manzur como el vicegobernador y gobernador electo Osvaldo Jaldo tendrán que redoblar los esfuerzos para alcanzar un piso del 40% de los votos, un porcentaje histórico con el que el Partido Justicialista se ha impuesto en las elecciones pasadas.

¿Qué hará la dupla gobernante para intentar mejorar los 311.000 votos que obtuvo en Tucumán durante las PASO de hace 10 días? La primera respuesta que se ensaya es “peronizar las elecciones”. Esto es un fuerte reclamo a los referentes de las tres secciones electorales en la que se divide la provincia que, en gran medida, se encuentra desmovilizada después de la onerosa elección del 11 de junio. “El gran problema que hoy tenemos es que nuestra gente no está en la calle y por eso se perforó el piso histórico durante las internas del domingo 13. Todos deben saber que, más allá de lo que suceda a nivel nacional, Tucumán debe mostrar fortaleza política para la gestión que se viene”, indicó uno de los armadores políticos del oficialismo.

En suma, puede haber mucha voluntad, pero si la economía no mejora, el esfuerzo proselitista no rendirá sus frutos.

Por Marcelo Aguaysol

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