La cifra de ladrones muertos a manos de sus víctimas ya supera los casos de homicidios en ocasión de robo

En el transcurso del año, en Tucumán se produjeron 70 homicidios, 20 de los cuales ocurrieron en situación de robo, lo que se conoce como crímenes por inseguridad. Esto implica que 11 personas acusadas de haber cometido delitos contra la propiedad fueron ajusticiadas por sus victimarios, cifra que equivale a casi el triple de los registrados hasta la misma fecha del año pasado.

“Justicia por mano propia”, ese es el equívoco nombre que reciben estos casos que ya superan en más de 50% a los crímenes en ocasión de robo, que hasta el momento fueron siete. A ese número se les debe agregar los dos tucumanos que perdieron la vida al quedar en medio de tiroteos generados por hechos de inseguridad. Detrás de cada caso está oculta una historia o una situación que genera polémicas,

Las edades de los fallecidos a manos de aquellos a los que querían robarles, oscilan entre los 19 y 35 años. Todos tenían problemas de adicción y los padres de más de la mitad de ellos dijeron que durante años caminaron por diferentes reparticiones en búsqueda de ayuda para que sean tratados por su adicción a las drogas.

“Él no tenía ningún arma, sólo había ingresado a robar ropa de la soga para poder venderla y comprar paco. Semanas antes de que lo mataran como a un perro se había escapado de la casa para drogarse. No sabíamos qué hacer con él. Nos cansamos de pedir ayuda, pero nadie nos escuchó”, dijo Luciana, prima de Juan Jiménez que fue ultimado en junio en Villa Alem.

“Sus padres querían hacerse cargo, pero no podían porque estaban todo el día trabajando para poder alimentar a todos sus hijos. En los barrios este drama es cada vez más común y nadie hace absolutamente nada. A la sociedad tampoco le interesa, sí después se alegrarán porque hay uno menos”, sentenció la joven empleada doméstica que tampoco quiso dar a conocer su apellido por temor a ser estigmatizada.

“La mal llamada justicia por mano propia no puede ser tolerada de ninguna forma y debe ser castigada con todo el peso de la ley”, sostuvo el penalista Víctor Padilla. “Los números no dejan de ser alarmantes. Estamos hablando de más de una muerte por mes de este tipo. Son cifras que no hacen más que reflejar el problema de la inseguridad. Indudablemente que hay que trabajar en esta cuestión de manera urgente”, señaló.

Siete de los 11 fallecidos perdieron la vida por disparos, lo que habla a las claras que cada vez son más los tucumanos que no tienen problemas en usar las armas que portan (de manera legal o no) para defenderse. “La culpa de todo esto la tienen los políticos. Nos dejaron abandonados. Tucumán es la ley de la selva donde uno hace cualquier cosa para proteger a su familia y a sus pertenencias”, explicó María Celeste Dantún.

“Lamentablemente no nos queda otra que armarnos y rogar que no la tengamos que utilizar. Hay una realidad, la inseguridad está en todos lados. No hay un lugar más seguro que otro. Gracias a las autoridades del país hoy estamos ante una disyuntiva: nuestras vidas o las de los delincuentes”, agregó el empleado municipal Carlos Rivero.

“Si lo votan a (Javier) Milei es porque la gente le convence su propuesta de darle al ciudadano de bien las herramientas necesarias para que pueda defenderse de los delincuentes porque el Estado no los puede proteger”, explicó Mario García. Su amigo Esteban Ramírez le respondió: “esa es una locura que no tiene ni pies ni cabeza. Si llegan a aprobar esa norma, habrá un baño de sangre”.

De las 11 muertes, cinco fueron provocadas por los disparos que partieron de las armas que portaban tres efectivos en actividad y uno retirado. A ninguno ellos se lo acusó de homicidio, pero el jubilado comenzó a ser investigado por una posible tenencia de arma ilegal. Fuentes del Ministerio Público Fiscal coincidieron en señalar que los fiscales de Homicidios Carlos Sale e Ignacio López Bustos comprobaron que actuaron en legítima defensa y en el caso de la tragedia de la avenida América, no se resolvió la suerte del oficial por la muerte del joven que hacía gimnasia en el lugar.

“Lamentablemente se puede apreciar que hay una selectividad atroz a la hora de procesar a una persona por delitos cometidos con armas de fuego”, sostuvo el abogado Patricio Char.

“Si un ciudadano común y corriente comete el mismo delito de exceso de defensa, la Justicia procede formulando cargos, privando de la libertad en otros casos y, luego de una investigación, decide si lleva o no el caso a juicio”, destacó el profesional. “Pero si se trata de un miembro de una fuerza de seguridad el proceso es al revés. En 24 o 48 horas señalan que se trata de un caso de legítima defensa, por lo que no formulan cargos, lo que complica el proceso porque el querellante no puede actuar. Pareciera que la doctrina Chocobar se va imponiendo”, finalizó.

Augusto Avellaneda es el defensor del policía Facundo Lencina, que protagonizó la tragedia de la avenida América en la que murieron los acusados de haberlo asaltado, Cristan Legname y Samuel Gallardo, y en el que también perdió la vida el estudiante Lucas Delgado, que hacía gimnasia en el lugar.

“Primero se debe aclarar que no es lo mismo que un hecho de estas características sea protagonizado por un civil y un policía. Los uniformados no sólo tienen autorización de portar armas, sino que están obligados a actuar siempre”, opinó. “Si fuera que hay una línea o una tendencia en favorecer a efectivos, mi defendido no estaría esperando que se resuelva su situación procesal. El fiscal no lo acusó por las dos muertes de los asaltantes, pero todavía no definió qué hará con la tercera”, indicó.

En las estadísticas surge un dato revelador. Todos los casos se registraron fuera de las cuatro avenidas. “Detrás de todo esto hay una cuestión social muy latente. La gente cobra su sueldo, lo gasta rápidamente pagando sus obligaciones y guarda el poco dinero que le queda para vivir. No está dispuesta a perderla en manos de un delincuente”, declaró Avellaneda.

“En estos lugares los policías brillan por su ausencia en los momentos más complicados”, explicó Mariano Ferreyra, domiciliado en Manantial Sur. “Los uniformados están en el microcentro y la gente de los barrios está desprotegida”, agregó.

El abogado Avellaneda desde hace años reside en San Cayetano e hizo un diagnóstico de lo que sucede. “La gente está harta de que primero le roben la ropa de la soga, la silla del jardín y la manguera. Entonces buscan armarse con un palo o una pistola y son capaces de hacer cualquier cosa para defenderse”, explicó. “Evidentemente los policías no están distribuidos en las áreas más problemáticas. A eso le debemos agregar que las escuelitas de cualquier deporte han desaparecido y lo mismo ocurre con las colonias de vacaciones. Es decir, no existe la prevención policial ni social”, finalizó.

De los 11 casos conocidos, sólo hay cuatro procesos abiertos y un quinto en duda. Los parientes que ultimaron a Daniel Beltrán en febrero pasado fueron acusados por homicidio. Según la teoría, el fallecido se habría apoderado del televisor de una pareja y estos fueron a reclamarle el hecho en una cancha de fútbol del barrio Alejandro Heredia donde lo hirieron mortalmente.

Los hermanos José y Juan Lucena fueron condenados a 12 años de prisión por el homicidio de Rodrigo Tolosa, conocido como “El crimen del basural”. En marzo, los penados se presentaron en un descampado del barrio Bajo La Pólvora (Villa 9 de Julio) para intentar recuperar una bicicleta que le habían sustraído y comenzaron a agredir al supuesto autor del robo. La víctima auxilió a su hijo y terminó herido mortalmente de una puñalada.

En abril, vecinos le avisaron a Andrés Sauma que desconocidos habían ingresado a la vivienda que no habitaba. El carnicero se dirigió al lugar y descubrió que había varias personas en el interior. Hizo ruido para espantarlos, pero al pensar que lo estaban por atacar, disparó su arma al interior e hirió mortalmente a Maximiliano Fernández. En un primer momento, el fiscal Sale lo acusó de homicidio culposo, al entender que no había tenido intenciones de matar. Sin embargo, la semana pasada, al sumar nuevas pruebas, le agravó la acusación a homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

“Está destruido porque sólo intentó defenderse porque sintió que su vida corría peligro. La nueva imputación es realmente una locura”, aseguró su defensor Javier Lobo Aragón. “Él siempre estuvo a disposición de las autoridades. No se escapó del lugar y entregó el arma que utilizó”, añadió.

El letrado acotó también que desde esa fecha la vida del comerciante se volvió un infierno. “Tuvo que mudarse y la casa en la que ocurrió el hecho fue vandalizada en varias oportunidades por los amigos del fallecido. Está desesperado por lo que debe afrontar. Confiamos en revertir esta situación”, describió con crudeza Lobo Aragón.

Fuente: CONTEXTO