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La Corte Suprema aceptó analizar el DNU de Milei, pero advirtió que lo hará recién en febrero

 La Corte Suprema aceptó analizar el DNU de Milei, pero advirtió que lo hará recién en febrero

La decisión del máximo tribunal responde al pedido del Gobierno de La Rioja, que hoy solicitó que se declare la «inconstitucionalidad” del decreto

Tras el planteo que presentó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó analizar la constitucionalidad de lo decretado, pero advirtió que lo hará al regreso de la feria judicial de verano, en febrero próximo.

Así lo informó la propia Corte en una resolución, en la que este mediodía ordenó que el caso pase a la Procuración General de la Nación para que opine sobre si el tribunal es competente para tramitar la demanda, que es lo primero que hay que definir antes de seguir adelante con el expediente.

La decisión del máximo tribunal responde al pedido del Gobierno de La Rioja, que solicitó este viernes que se declare la «inconstitucionalidad manifiesta» del DNU 70/2023 de desregulación económica, y que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la «competencia originaria» para entender en el asunto.

La Rioja lo hizo a través de una «acción declarativa de certeza» presentada por el gobernador Quintela, con el patrocinio como abogados del ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra.

Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei que empezó a regir desde hoy.

En la «acción declarativa de certeza» se pidió que se declare «la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución» y que de manera inmediata «se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos».

También se pide a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo «no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa».

Fuente: LA GACETA

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