La imputaron por amenaza de bomba en el colegio de su hijo y dijo que los compañeros le usaron el celular
El 18 de mayo pasado, alrededor a las 9 de la mañana, el centro de emergencias 911 atendió un llamado en el que un anónimo advertían que en el baño del piso de arriba del colegio José de Calasanz, había una bomba casera lista para ser detonada.
Las autoridades del establecimiento tuvieron que evacuar a 489 alumnos y 56 docentes mientras la Policía y la División de Explosivos de los Bomberos de la Provincia revisaban el edificio, ubicado en calle Italia 3302.
Por este hecho, la auxiliar fiscal Julieta Molé acusó a la madre de un alumno de la institución, V.R.T., de ser la autora de la falsa alarma y, para respaldar su teoría, expuso una serie de elementos recolectados por la fiscalía de delitos complejos.
Entre las evidencias mencionadas, las más importantes fueron un informe de Telecom, que muestra que el número desde el cual se realizó la llamada estaba bajo la titularidad de la mujer y había sido dado de alta diez días antes del hecho. También informó que hay cuatro audios que registraron las llamadas al 911 que están siendo analizados por el ECIF para determinar si las voces fueron distorsionadas.
A continuación solicitó que la imputada cumpla durante seis meses una serie de medidas de menor intensidad, como la promesa de someterse al proceso, fijar domicilio, no cometer actos que puedan contaminar la investigación y presentarse una vez por mes ante el Ministerio Público Fiscal.
“Entendemos que este plazo es razonable teniendo en cuenta que hasta aquí se encuentra acreditado que el hecho habría existido y que ella se encuentra vinculada. Consideramos necesarias estas medidas para sujetar a la imputada al proceso hasta que se realicen todas las medidas pendientes”, justificó Molé.
Esta ya es la segunda imputación de cargos que realiza la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, por las múltiples amenazas de bomba que acechan a la provincia desde mayo. A pesar de que oficialmente no trascendió el número de expedientes que se abrieron por estas intimidaciones, fuentes judiciales confirmaron que serían más de 100.
Luego de escuchar el motivo por el que estaba siendo acusada, la mujer pidió dar su versión de los hechos, por recomendación de su abogado Jorge Quiles Sainz. “Mi hijo estaba en el colegio, estaba hablando con un profesor y los compañeros le agarraron el teléfono e hicieron la llamada. Yo no tuve nada que ver, estaba en mi casa porque estoy enferma”, dijo. Además se refirió a la titularidad de la línea telefónica y explicó que ese número “le corresponde a él; estaba a mi nombre porque es menor de edad”.
Antes de dar a conocer su resolución, el juez Matías Graña llamó la atención al MPF por no haber realizado una pericia de geolocalización de las antenas celulares. “No puedo dejar de mencionar que si nosotros tenemos identificadas una línea telefónica y una llamada, y tenemos el horario en la que se realizó y el domicilio de la titular, no haya un informe de geolocalización para saber de dónde salió la llamada. La mujer manifestó que la llamada fue hecha desde el colegio, entonces si nosotros tuviéramos el informe de las antenas sabríamos si la llamada fue hecha desde su domicilio o cualquier otro lugar, y por ende si nos estaría diciendo la verdad. El informe de geolocalización sirve para saber de dónde salió la llamada y dónde se recibió, es un elemento fundamental”, advirtió.
El magistrado se mostró sorprendido de que el MPF haya requerido medidas de coerción de baja intensidad. “No puedo dictar una medida superior a la que pidió la fiscalía, así que en ese sentido, las medidas de menor intensidad me parecen razonables”, afirmó para luego hacer lugar a todos los pedidos elevados por la auxiliar fiscal que intervino en la causa.
Fuente: CONTEXTO
