La joven que denunció a jugadores de Vélez Sarfield entregó capturas de pantalla de su celular

En el marco de uno de los casos judiciales más debatidos en la opinión pública argentina, se ha abierto un nuevo capítulo que podría ser determinante en la evolución del proceso. La denuncia presentada por una joven en contra de cuatro futbolistas del club Vélez Sarsfield por abuso sexual ha dado lugar a intensas disputas legales y a un seguimiento mediático significativo.

La denunciante, que alega haber sido agredida en un hotel por Braian Cufré, José Florentín Bobadilla, Abiel Osorio y Sebastián Sosa, ha cumplido con la orden judicial que le exigía entregar información de su dispositivo móvil. Este acto ha desencadenado una serie de controversias.

Por un lado, los abogados de la joven argumentan que se ha podido comprobar que no se ha eliminado ningún mensaje, lo que podría fortalecer su posición en la causa. En contraposición, los defensores de los imputados sostienen que la situación es diferente y están considerando tomar medidas adicionales para contrarrestar lo que consideran una obstrucción a la defensa. La fiscalía, bajo la dirección de María Eugenia Posse, ha formulado acusaciones serias contra los futbolistas, determinando que los tres primeros son considerados autores del delito, mientras que Sosa es visto como un partícipe secundario.

La defensa, que incluye a varios abogados, ha solicitado la revisión del celular de la denunciante buscando un audio que supuestamente podría corroborar su versión de que la relación fue consensuada.

Este audio, según la defensa, sería esencial para la argumentación de sus clientes. Hasta ahora, la Justicia había permitido el análisis del teléfono de una amiga de la denunciante, pero los peritos no lograron localizar el audio en cuestión, ya que la testigo lo había eliminado.

Esto llevó a los defensores a solicitar el acceso al celular de la víctima, un pedido que había sido rechazado anteriormente por otros jueces. Sin embargo, la situación dio un giro la semana pasada cuando la abogada Florencia Abdala volvió a insistir en que se ordenara a la denunciante que entregara capturas de pantalla y audios que había enviado a su amiga entre el 3 y el 8 de marzo.

La auxiliar del Ministerio Público, Cynthia Bono, en línea con la fiscal Adriana Reinoso Cuello, desestimó este pedido, argumentando que solicitar dicha información podría vulnerar la intimidad de la víctima y revictimizarla, un aspecto que fue respaldado por los querellantes Patricia Neme y Franco Venditti.

A pesar de ello, la jueza Eliana Gómez Moreira aceptó parcialmente la solicitud al ordenar que la joven presentara únicamente los mensajes entre el 3 y el 4 de marzo, buscando así proteger su privacidad. El lunes, la denunciante cumplió con la entrega de su celular en la fiscalía, lo que permitió que se realizaran las capturas de pantalla de los mensajes enviados a su amiga. En este punto, las partes involucradas comenzaron a hacer valoraciones divergentes de las pruebas obtenidas.

Por un lado, Neme defendió que las capturas eran coherentes con lo que la víctima había presentado inicialmente, mientras que los defensores señalaron que existían mensajes eliminados que contradecían la versión de la denunciante, sugiriendo que esto indicaba un intento de ocultar pruebas.

La situación plantea serias interrogantes sobre la dinámica de la investigación y los derechos de las partes involucradas, en un contexto donde el manejo de la información y la intimidad de la víctima son temas de notable sensibilidad.

A medida que avanza el proceso, todos los actores continúan en un tira y afloja legal que pone de relieve las complejidades de los casos de abuso sexual y la lucha por la verdad y la justicia.