La Legislatura de Tucumán aprueba adhesión al RIGI con modificaciones clave
La Legislatura de Tucumán aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) luego de una sesión cargada de cambios inesperados y ajustes al proyecto original. Aunque el texto había sido enviado por el gobierno provincial hace un mes y había recibido dictamen favorable de la comisión de Hacienda y Presupuesto, durante el debate en el recinto surgieron modificaciones que desconcertaron incluso a sectores de la oposición.
La sesión, marcada por las confusiones y la necesidad de un cuarto intermedio, terminó con un consenso en torno a la adhesión al RIGI, la cual incorporó incentivos locales y evitó la derogación de la Ley 7.879 que prohíbe la minería metalífera en la provincia. En lugar de eliminar esta prohibición, se dejó abierta la puerta a la posibilidad de exploraciones mineras bajo ciertas condiciones.
Carlos Gallia, presidente de la comisión que promovió el proyecto, destacó que el programa ofrecerá incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de 30 años, y que esto contribuirá al desarrollo económico de la provincia. Gallia subrayó que el régimen permitirá atraer inversiones de más de 200 millones de dólares en sectores como la forestoindustria, turismo, minería, infraestructura, tecnología, energía, siderurgia, petróleo y gas.
El punto más controvertido del debate fue la exención de impuestos provinciales por 30 años para los grandes inversores, lo que generó críticas de la oposición. El legislador Claudio Viña calificó la medida como “excesiva e inconsulta”, argumentando que ofrecer exenciones por tanto tiempo no es la mejor manera de atraer capitales.
Finalmente, tras la intervención del vicegobernador Miguel Acevedo y una serie de negociaciones, se acordó reducir la exención fiscal a ocho años, con la posibilidad de una prórroga por otros ocho años si se cumplen ciertos requisitos.
El tratamiento de la minería también generó opiniones divididas. Aunque hubo un respaldo generalizado a la Ley 7.879, que prohíbe la minería metalífera y el uso de mercurio y cianuro, algunos legisladores señalaron que la normativa ya estaba contemplada a nivel nacional. Otros defendieron el desarrollo de la minería con procesos de bajo impacto ambiental, aunque esta postura no consiguió consenso en el recinto.
El proyecto fue finalmente aprobado, con algunas abstenciones y sin consenso unánime en algunos artículos clave.
