La ley antimafia y la baja de la imputabilidad dominarán el debate en Diputados
La Libertad Avanza junto al Pro y bloques dialoguistas buscan emitir dictamen sobre el proyecto para combatir el crimen organizado y el narcotráfico
El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará dar un fuerte impulso al debate del paquete de seguridad promovido por el Gobierno Nacional, ya que intentará emitir dictamen de comisión sobre el proyecto de ley Antimafia, y abrirá el debate del Régimen Penal Juvenil, donde propone una baja de imputabilidad de 16 a 13 años.
Tras dos semanas de receso y tras haber logrado la sanción del paquete fiscal y la ley Base, la bancada de la Libertad Avanza que trabaja en acuerdos con el PRO, procurará retomar la iniciativa con el tratamiento de dos iniciativas que forman parte del paquete de seguridad, que fue diseñado por la ministra Patricia Bullrich, junto a sus pares de Justicia Mariano Cuneo Libarona y de Defensa Luis Petri.
Uno de los puntos centrales será el proyecto de ley antimafia que se analizará en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y José Nuñez (PRO-Santa Fe), donde el oficialismo junto a diputados de los bloques de la UCR, Hacemos, Innovación, buscará firmar el despacho, que es la luz verde para su tratamiento en el recinto de sesiones.
Para el oficialismo que ya tiene consenso con el PRO es clave poder enhebrar acuerdos con los bloques que están dispuestos a acompañar iniciativas del Gobierno como los radicales, Hacemos e Innovación, para poder construir una mayoría para emitir un dictamen y luego tener los números en el recinto de sesiones.
En cambio, Unión por la Patria tendrá su propio despacho de comisión ya que rechaza el proyecto del oficialismo.
LEY ANTIMAFIA
Esa iniciativa propone una profunda reforma el Código Penal para penalizar a todos los miembros de la banda delictiva, ya que hasta ahora se imponían las escalas de acuerdo a la participación que tuvo cada miembro en ese delito.
La aplicación de la misma pena a todos los miembros de la Asociación Ilícita que participen en delitos vinculados tráfico de drogas, lavado de activos, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos e intimidación pública, con penas que oscilan de 8 a 20 años.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, dijo a Na que es fundamental poder avanzar en esta ley para combatir el crimen organizado y se mostró optimista que se pueda emitir ya que «estuvimos acercando posibilidad posiciones con otros bloques para poder incluir modificaciones, que mantengan el espíritu de la ley”.
Dijo que habrá un borrador en los próximos días se enviará a los bloques que incluye algunos de los cambios propuestos por legisladores de los cuales “muchos de ellos son muy enriquecedores”.
Al defender el proyecto oficialista, Rodríguez Machado dijo que “estamos viviendo una situación atípica en relación al crimen organizado, ya que se realizan acciones que requieren de otro tratamiento, como es el caso de dominio de territorios, las amenazas que tienen en vilo a poblaciones enteras y a los que lo investigan, que es diferente a un delito individual, por lo cual deben su correlato en el plexo legislativo”.
Desde Unión por la Patria, el diputado Ramiro Gutiérrez, señaló a NA que el proyecto “no es de buena factura y no está bien hecho, porque para ser una ley antimafia tiene una enorme falencia que es no define que es una mafia. Nosotros tenemos en el Código Penal Argentino un artículo que es el 77 que establece todas las definiciones que son importantes para los jueces, entonces lo primero que debió haber contemplado es incorporar al 77 del Código Penal la definición de mafia, así que desde entrada no es una ley antimafia”.
Dijo que “es una ley que viene a introducir algunas variantes en las asociaciones ilícitas que, desde la redacción legal son muy malas. Nosotros tenemos una buena tradición jurídica con autores que han descripto muy bien los requisitos de la asociación ilícita, tenemos buena pena para el delito de asociación ilícita, tenemos buena descripción de los jefes y de los partícipes, tenemos buena jurisprudencia. Modificarlo con una tipicidad realmente defectuosa sería romper toda esa traición y ese esfuerzo que ya está consolidado en la Argentina”.
En ese sentido, Gutiérrez apuntó: “habría que modificar todo lo que ya se ha construido en la Argentina sobre autoría y participación, que son roles que ocupa cada uno en la producción del delito, desde la ejecución a la colaboración, la instigación o la determinación, porque esta ley trae un criterio que por el solo hecho de estar vinculados o parte de la asociación, eso rompe nuestros criterios de adjudicación de la responsabilidad y la ley va a ser inconstitucional desde el día 1”.
Otro de los puntos del proyecto que el Gobierno pide que el Congreso Nacional apruebe para combatir el crimen organizado es que crea la figura de “zona de investigación” para coordinar la tarea entre los diferentes poderes del Estado.
También plantean la extinción del domingo de los bienes de los delincuentes que sea producto de sus actividades delictivas para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.
REGIMEN PENAL JUVENIL
Otro tema central de la agenda de seguridad será la apertura del debate del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, donde se propone un mecanismo para lograr reinsertar al joven a la sociedad y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
El tratamiento se abrirá en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda el 31 de julio a las 12.30 hs en el anexo C.
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
No estará admitida «la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.
