Las empresas de ómnibus fueron notificadas por el municipio capitalino luego de la reducción de servicios

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán remitió quince notificaciones a las empresas concesionarias del servicio de transporte urbano de pasajeros luego de la reducción de servicios dispuesta por la Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). 

Las misivas comenzaron a expedirse el viernes luego de que los inspectores de la Dirección de Transporte Público efectuaran controles en diferentes sectores de la ciudad. 

Las notas son el primer paso en el marco de una serie de medidas que piensa aplicar la intendenta, Rossana Chahla, si es que las firmas encargadas del servicio siguen ignorando lo que dispone la ordenanza 400/79, que regula la actividad. 

“Se las envió para que (los propietarios de las firmas) tomen conocimiento que está prohibido llevar adelante las medidas como las que dispusieron so pena de aplicar las sanciones correspondientes”, indicó una fuente del municipio.
Ese mismo viernes, las empresas representadas por Aetat comenzaron a brindar lo que llamaron un “servicio de emergencia”, que consistió en la disminución de hasta el 70 por ciento en las frecuencias y la suspensión de choferes, alcanzados por descuentos en los haberes. En un comunicado, los empresarios explicaron que se se enfrentan a “la imposibilidad de hacer frente al costo real del servicio público de transporte de pasajeros”.

El sábado, el los agentes municipales nuevamente salieron a la calle a supervisar las frecuencias con las que circuló cada línea, constatando que esas empresas incumplían las normas vigentes, por lo que se espera que el lunes notifiquen de esos incumplimientos a cada firma, lo que habilita, tras recibir el descargo de cada una, a aplicar las sanciones previstas.

E artículo 16, de la ordenanza 400/79, dice que “las sociedades concesionarias del servicio no podrán reducir en ningún caso, sin previa autorización expresa del Departamento Ejecutivo, el número de unidades en circulación, acortar los recorridos, paralizar los servicios o introducir variantes que desvirtúen los fines de la concesión”. 

“La supresión del servicio sin autorización expresa por autoridad competente, salvo que fuera motivado por motivos de fuerza mayor debidamente justificada, hará pasibles a las sociedades adjudicatarias de sanciones que podrán llegar hasta la incautación de todas las unidades afectadas al servicio”, señala la norma.
En la sede municipal aseguran que los empresarios también incumplieron lo estipulado por el artículo 18, que impone la obligación de notificar al Departamento Ejecutivo, en un plazo de 24 horas acerca de los conflictos que se susciten con su personal, debiéndose detallar las causas y antecedentes que motivaron el conflicto.

También se especifica que las partes podrán allanarse a aceptar las soluciones que proponga el Departamento Ejecutivo en interés del mantenimiento y continuidad del servicio, una disposición que tampoco se ejecutó con la decisión de Aetat.

Las multas por incumplimientos están expuestas en el artículo 51 de la ordenanza. “Sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder a las concesionarias prestadoras del servicio por infracciones al tránsito, y/o a las infracciones a las normas de la presente ordenanza, serán sancionadas con multas equivalentes a 2.000 a 100.000 veces el precio de venta al público del boleto de transporte urbano colectivo de pasajeros, vigente al momento del hecho, de acuerdo a la gravedad y/o a la reincidencia”.

El referente de Aetat, Luis García, confirmó que la medida de emergencia se mantendrá por tiempo indeterminado. “Cada empresa lo hizo conforme a los coches y los ramales que tiene. Ya se está implementando”, fue lo que expuso cuando arrancó la reducción de servicios.

Los concesionarios esperan que, en el transcurso de la semana, las autoridades provinciales les habiliten una audiencia, para tratar de hallar salidas al conflicto, al tiempo que aseguraron que la restricción puede seguir alcanzar a todos los servicios que se brindan en el territorio provincial.