Procesan a dos personas, entre ellas a un preso, por trata de personas

Resolución de la Justicia Federal con un embargo de $ 5 millones para cada acusado.

Dos personas, una de las cuales está alojada en el penal de Villa Urquiza, fueron procesadas por el juez federal Fernando Poviña.

Según un informe oficial, durante la investigación, iniciada tras la denuncia de dos jóvenes en la Fundación María de los Ángeles, se demostró que ambos acusados administraban y regenteaba varios prostíbulos que funcionaban bajo la modalidad de “privados” en dos edificios. La investigación fue dirigida por el titular de la fiscalía federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, con la colaboración de la contraparte local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y las tareas investigativas fueron encomendadas a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además se investiga la presunta participación de empleados policiales que habrían ofrecido sus servicios como “protección” a la actividad y que pedían montos de $ 100.000 el primer mes y luego $ 50.000 en forma mensual.

Según el reporte publicado en la página de Fiscales.gob.ar, las mujeres eran captadas mediante ofrecimientos laborales engañosos, y luego ofrecidas en el sitio web Skokka o mediante WhatsApp, y sometidas a la prostitución. También se acreditó que las jóvenes eran trasladadas a eventos de concurrencia masiva, incluso fuera de la provincia.

Las personas imputadas ya habían sido ya condenadas en el año 2019 a 12 y 5 años de prisión por captar, trasladar y explotar sexualmente al menos a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad en dos prostíbulos ubicados en San Miguel de Tucumán. Por esa condena, uno de los acusados se encontraba privado de libertad en el penal de Villa Urquiza. 

Según la investigación, desde allí realizaba maniobras de captación y control de las víctimas a través del teléfono celular que usaba de manera permanente dentro de la cárcel. En la resolución de Poviña se advierte que “consta en las intervenciones telefónicas que se llevaron adelante, que (el acusado) se comunicaba desde la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, de forma habitual con los prostíbulos que regenteaba y transmitía indicaciones a las víctimas respecto a horarios, modo en que debían preparase y demás pautas de cumplimiento para atender a los prostituyentes que allí concurrían”.

Ante esto, el 4 de abril fueron allanadas de manera simultánea la celda del imputado en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, el domicilio de la coimputada y cuatro departamentos que funcionaban como prostíbulos, se rescató a las víctimas y a la vez se colectaron elementos de prueba.

En las medidas se logró la identificación de siete mujeres que se encontraban en situación de explotación por parte de esta organización, en cuyo abordaje y intervino el Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.

Durante la investigación previa, a pedido del fiscal se autorizó judicialmente la aplicación de la figura de “agente revelador”, lo que permitió recabar pruebas respecto al modo en que las mujeres eran ofrecidas y la modalidad en que funcionaban los prostíbulos, los cuales rotaban de ubicación periódicamente dentro de los mismos edificios allanados. Está previsto que la investigación se profundice en base a medidas de prueba pendientes de producción.

En la resolución, Poviña resolvió: “1) Ordenar el procesamiento con prisión preventiva de (los acusados, un hombre y una mujer) en calidad de co-autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por la situación de vulnerabilidad que se encontraban las víctimas; por ser éstas más de tres y por haber logrado su consumación (seis hechos, en concurso real). 2) Disponer que el hombre continúe alojado en la Unidad N° 1 del Servicio Penitenciario Provincial de Villa Urquiza, a disposición de este Juzgado,

debiéndose poner en conocimiento del Excmo. Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. 3) Disponer el alojamiento de la mujer en el Servicio Penitenciario Provincial de Tucumán, donde quedará alojada a disposición de este Juzgado. Sin perjuicio de ello, requiérase al Servicio Penitenciario Federal, informe si existe cupo disponible en algún establecimiento carcelario federal que posea plaza para su alojamiento. 4) Trabar embargo sobre los bienes de ambos hasta cubrir la suma de pesos cinco millones ($5.000.000,00) por cada uno de ellos, a los efectos de garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso”.