¿Qué se debe hacer con la Ley de Alquileres?: la opinión de los precandidatos a diputado tucumanos

Sectores inmobiliarios e inquilinos se expresaron en contra en numerosas ocasiones, y tanto referentes opositores como oficialistas señalaron su intención de modificar la normativa.

Pablo Yedlin  

Unión por la Patria

“La Ley de Alquileres ha recibido muchas quejas. Las críticas se basan en que con la inflación alta que sufrimos, la actualización anual genera pérdidas a los propietarios por no poder seguir el ritmo inflacionario, y a los inquilinos dado que el precio de inicio suele aumentarse para evitar las pérdidas calculadas”, desarrolló Yedlin, que mencionó que también se critican “los tres años de alquiler en lugar de los dos que preveía la anterior, y los requerimientos y costos de los intermediarios”.

Actualmente senador por Tucumán, Yedlin remarcó que la ley debe modificarse, pero teniendo en cuenta la falta de sesiones por falta de quórum, es necesario llegar a un acuerdo entre los diferentes sectores. “Cómo está el Senado hoy, la única posibilidad es encontrar el consenso en las comisiones. Ni oficialismo ni oposición tienen el número para el quórum, por eso hay pocas sesiones”, afirmó.

Germán Alfaro

Juntos por el Cambio

“La Ley de Alquileres tendría que tener los días contados, ya que lejos de ser una solución, para muchos inquilinos se volvió un dolor de cabeza. En el Congreso se debe buscar la derogación de esta ley lo más inmediato posible. Eso es lo que vienen reclamando las distintas Cámaras y Federaciones inmobiliarias”, explicó el actual intendente de San Miguel de Tucumán.

Alfaro, que denunció que la reforma o derogación de la ley no se trata en el Congreso por falta de apoyo de los representantes del oficialismo nacional, planteó la necesidad de “tener un debate serio, que escuche a todas las partes, y poder consensuar lo que desde el bloque de JxC se viene pidiendo con las modificaciones de los artículos, para ver si se puede volver a los contratos de dos años, con actualizaciones trimestrales o semestrales y de acuerdo a un índice consensuado entre las partes”.

Mariano Campero

Juntos por el Cambio

“Una nueva ley de alquileres debe poner menos exigencias, para que se aliente a la gente que tiene propiedades a ponerlas en alquiler y se facilite las operaciones de quiénes no tienen inmuebles. Nada de eso hizo la actual ley”, sostuvo el intendente de Yerba Buena, que remarcó que el principal problema de los alquileres es la inflación. “Mientras la inflación ‘psicológica’ de este gobierno siga sin bajarse, no habrá una solución de fondo”, afirmó.

De todas maneras, si hizo hincapié en dos puntos de la Ley de Alquileres que, considera, deben ser modificados “de forma urgente”. Por un lado, los plazos de actualización; “este uno de los pocos bienes y servicios que se actualizan una vez al año. De hecho, este mes hubo una suba del 105%”, dijo al respecto. Por otra parte, hizo referencia a la duración del contrato, sobre la que dijo que “serían beneficiosos los dos años de antes, en reemplazo de los tres actuales”.

Ricardo Bussi

La Libertad Avanza

“Claramente, el actual régimen impuesto por la ley 27.551 ha demostrado ser un fracaso. La falta de acuerdo entre inquilinos y propietarios por los precios de alquiler llevó a que muchos dueños retiren sus inmuebles del mercado de la locación, generando una baja importante en la oferta”, denunció el legislador de Fuerza Republicana, que indicó que “la injerencia del Estado, intentando poner un sesgo protectorio al mercado de alquileres, ha tenido un impacto negativo”.

En esa línea, Bussi planteó la modificación de la ley en dos puntos centrales. Por un lado, manifestó la necesidad de “volver al plazo mínimo de dos años para los inmuebles destinados a viviendas”, y por el otro, sugirió que debe dejarse la cuestión de actualización de precios a las partes involucradas. “Deberán arreglar en el marco de su contrato cómo deberían ser los aumentos, tanto el momento como la fórmula de actualización a usarse”, dijo sobre el segundo punto.

Federico Masso

Libres del Sur

“Desde el Congreso, en primer lugar, debemos lograr que se emprenda el Programa Nacional de Alquiler Social, al que por ley está obligado el Estado, y nunca se inició”, introdujo el legislador provincial, que agregó que la ley actual no se respeta; “sólo el 10% de los propietarios la cumple, según los datos del censo 2022 y datos de la AFIP”, aseguró.

“Desde el Congreso y desde los Gobiernos Locales debemos generar las condiciones para garantizar su cumplimiento por parte de los propietarios e inmobiliarias” continuó Masso, que dijo que esto puede suceder a través de la modificación de la ley, implementando bases “certeras” para el Programa de Alquiler Social. Así, dijo, el Estado “podrá contribuir con el gran peso que significa hoy en día el pago, principalmente para aquellas familias que poseen salarios inferiores a la canasta básica total”. De todas formas, dijo que también deben pensarse más reformas, escuchando a todos los sectores involucrados.

Martín Correa

Frente de Izquierda Unidad

“La Ley de Alquileres tiene varios límites, y así como está, no sirve. El impacto del aumento de los alquileres en el seno de la población trabajadora viene siendo brutal. En tres años, los contratos subieron un 355%.”, planteó Correa, que también afirmó que “la combinación entre el ajuste que están aplicando los gobernantes, y la especulación inmobiliaria ha estado provocando la expulsión de inquilinos hacia la periferia y a la calle”.

“Para defender el derecho a la vivienda es necesario aplicar impuestos progresivos y permanentes a la vivienda ociosa y a los pulpos inmobiliarios, lo que obligaría a que coloquen sus propiedades en el mercado, provocando un descenso de los precios de los alquileres como producto del aumento de la oferta de los mismos”, agregó Correa, que también sugirió “un plan de construcción de viviendas populares en los terrenos ociosos y fiscales”, algo para lo que, sostuvo, “es clave la universalización a tasa cero del crédito hipotecario y con cuotas que no superen el 10% del ingreso del hogar”.

Alejandra Arreguez

Frente de Izquierda Unidad

“En este momento, cuando se habla de modificar la Ley de Alquileres, lo que se busca es mejorar los negocios de las inmobiliarias y empeorar la situación de quienes alquilamos”, cuestionó Arreguez, que apuntó contra los dos principales frentes políticos. “Desde Juntos por el Cambio pretenden vía libre para la especulación inmobiliaria y terminar con cualquier rasgo del derecho a la vivienda, mientras que el gobierno del Frente de Todos no hizo nada para que se cumpla la ley, y tiene una política habitacional deficiente”, disparó.

“Nosotros apoyamos el reclamo de regular el precio inicial de los alquileres y establecer un tope a los precios de los contratos y de sus actualizaciones. También poner un límite a la especulación del alquiler temporal en dólares, del tipo Airbnb, y cobrar un impuesto progresivo para las viviendas ociosas”, explicó la dirigente izquierdista, que agregó que, como salida de fondo, es necesario “un verdadero plan de obras públicas para dar respuesta al derecho a la vivienda, y un hábitat digno que garantice el acceso a las mejores cualidades de la ciudad”.

Raquel Grassino

Política Obrera

“Una reforma de la ley actual no hará que se supere la crisis habitacional”, aseguró Grassino, que sostuvo que “la construcción sólo ha sido un refugio de valor para el capital financiero y el consiguiente armado de burbujas immobiliarias, no le aportó un solo metro cuadrado a la necesidad de vivienda (propia o alquilada) de las familias trabajadoras”. También dijo que “el financiamiento de la vivienda social o popular está virtualmente cancelado”, porque “el mercado de deuda y el rescate del capital han acaparado por completo el crédito”.

Grassino dijo que “el reclamo de impuestos progresivos y confiscatorios a la gran propiedad urbana debe ser impulsado como una transición, para poner fin al monopolio capitalista del suelo y conformar un fondo único que, por un lado, subsidie al inquilino trabajador -el alquiler no puede superar el 15 % del ingreso familiar- y, por el otro, asegure la construcción de las viviendas necesarias para quienes hoy demandan un techo”. Y defendió, también, “la puesta a disposición de los inmuebles ociosos y un sistema de registro compulsivo para su colocación en alquiler”.