Rosario, primera ciudad del país donde se aplicará la Ley Antimafias
Rosario se convirtió en la primera jurisdicción del país donde comenzará a regir la Ley Antimafias (Ley 27.786), una herramienta legal recientemente promulgada para enfrentar al crimen organizado con mayor dureza. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, fue oficializada este jueves a través de su publicación en el Boletín Oficial.
La aplicación de esta norma busca dar respuesta a la ola de violencia y narcoterrorismo que sacudió a la ciudad santafesina en marzo de 2024, paralizando su funcionamiento y exponiendo el avance de las organizaciones criminales.
Una de las novedades más relevantes que introduce la Ley Antimafias es el endurecimiento de las penas: por ejemplo, la pena mínima por asociación ilícita pasa de 3 a 8 años de prisión, y la máxima, de 10 a 20 años. Además, se elimina la distinción según el grado de participación dentro de una organización delictiva, considerando a todos los miembros como coautores y aplicando la pena correspondiente al delito más grave cometido.
También se incorporan nuevas herramientas procesales para la investigación, como el decomiso anticipado de bienes, la intervención de comunicaciones digitales, y los allanamientos masivos.
Coordinación federal y respuesta a una situación crítica
La decisión de implementar la ley en Rosario responde a informes de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que alertaron sobre el crecimiento de bandas narco y su intención de controlar territorios mediante el uso de la violencia.
El Ministerio de Seguridad Nacional, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal Federal, pondrá en marcha operativos coordinados con fuerzas federales desplegadas en el marco del Plan Bandera. Esto incluye la articulación con las autoridades provinciales y la activación del Comité de Crisis, solicitado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Germán Pugnaloni, titular de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, afirmó que la combinación de esta ley con un sistema judicial más ágil «mejorará significativamente la capacidad de respuesta ante el crimen organizado».
La norma se enmarca en compromisos internacionales asumidos por el país a través de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y representa un nuevo enfoque integral en la lucha contra las mafias que amenazan la seguridad nacional.
