Tafí del Valle: desalojan ocupaciones ilegales en la ribera del río El Blanquito
La Dirección Provincial del Agua (DPA) ejecutó esta semana cuatro desalojos en la ribera del río El Blanquito, en Tafí del Valle, como parte de una estrategia del Gobierno de Tucumán para recuperar terrenos fiscales ocupados de forma irregular.
La medida se enmarca en la figura legal de la “autotutela administrativa”, que permite al Estado recuperar bienes públicos sin necesidad de acudir a la Justicia. Es la segunda intervención en menos de diez días, luego de un operativo similar en el loteo “Los Guayacanes”, donde se detuvo un presunto emprendimiento inmobiliario irregular en la zona del perilago.
Vecinos y referentes locales celebraron la iniciativa. “Es una buena noticia para todos los que amamos Tafí del Valle. Esto debería ser el comienzo”, expresó el ingeniero Osvaldo Merlini, quien denunció repetidamente estas situaciones. María del Carmen Ramírez, visitante frecuente, también se mostró esperanzada: “Hace años que escuchamos reclamos que no tienen respuesta. Ojalá esto se mantenga”.
Según explicó el titular de la DPA, Marcelo Cancellieri, todo comenzó con una denuncia en 2023 tras detectarse la construcción de una vivienda en zona de riesgo hídrico, a la vera del río El Blanquito. Tras comprobar que se trataba de terrenos fiscales, el gobernador Osvaldo Jaldo autorizó en febrero de 2024 a aplicar la autotutela, con respaldo policial.
Durante la inspección final, se detectaron nuevas ocupaciones, ampliaciones ilegales, cercados y hasta una casilla colocada por una orden municipal anterior en zona prohibida. Los ocupantes fueron notificados el 9 de abril y tienen 10 días para desocupar voluntariamente, aunque los plazos podrían extenderse debido a los feriados.
“El Blanquito es un hilo de agua, pero cuando crece, arrasa con todo”, advirtió un vecino. Y agregó: “Si no actuamos ahora, la Provincia se va a tener que hacer cargo de las consecuencias”.
Ernesto Camandona, otro residente, valoró el cambio de postura oficial: “Hay mucha gente que se animó a denunciar y fue castigada. Este nuevo enfoque puede cambiar eso”.
Desde la DPA, el abogado Juan Pablo Occhipinti confirmó que ya se avanza con una segunda etapa del plan de recuperación. Si bien no brindó detalles, trascendió que podría haber un operativo similar en San Pedro de Colalao, donde también se investigan ventas ilegales de terrenos fiscales.
El foco también está puesto en el Barrio Crataegus, donde se han construido viviendas y negocios en tierras públicas y zonas de riesgo hídrico. Para las autoridades, el objetivo es proteger el patrimonio estatal y resguardar la seguridad de la población.
