Tafí Viejo y Yerba Buena siguen el ejemplo de Jaldo y van tras los usurpadores de tierras fiscales

El desalojo del emprendimiento ilegal conocido como “Loteo Gaucho Castro” en la Reserva Natural La Angostura desató una ola de denuncias sobre venta irregular de tierras en diferentes localidades de Tucumán. Funcionarios de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena alertaron sobre maniobras fraudulentas en la comercialización de terrenos y solicitaron la intervención de la Fiscalía de Estado.

El escándalo en El Mollar salió a la luz en octubre pasado, cuando empleados estatales detectaron la usurpación de tierras protegidas y la venta de lotes sin respaldo legal. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, denunció el caso en la Justicia y el fiscal Miguel Varela descubrió que una organización había ocupado ilegalmente un predio y comercializado terrenos mediante maniobras fraudulentas. A pesar de que los compradores aseguraron haber adquirido los lotes de buena fe, fueron desalojados en menos de cinco meses por orden judicial.

El impacto del caso llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a eliminar la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat y a crear una Unidad Ejecutora bajo el control de la Fiscalía de Estado para abordar las denuncias de usurpaciones de tierras fiscales. “Hemos recibido numerosas denuncias y creemos que serán muchas más. En algunos casos se trata de conflictos privados o ambientales, por lo que derivamos esos planteos a las áreas correspondientes”, explicó Pedicone.

En los últimos días, funcionarios municipales reportaron una serie de irregularidades en la venta de terrenos, en su mayoría publicitadas a través de redes sociales. “Hemos descubierto que muchos de esos terrenos se están comercializando en pleno corazón de la yunga. No es una actividad prohibida, pero los lotes no cumplen con el código de planeamiento urbano, que exige que tengan una hectárea como mínimo”, señaló el fiscal municipal de Tafí Viejo, Víctor Shedan. “Los lotes que se están vendiendo tienen entre 200 y 450 metros cuadrados, menos de la mitad de lo permitido”, agregó.

La intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, ha fijado como política la preservación del medio ambiente y la prevención de maniobras engañosas. En 2023, la ciudad sancionó una ordenanza que prohíbe la publicidad de terrenos que no cuenten con la autorización de la Dirección de Catastro Municipal. “Los emprendedores suelen afirmar que tienen todos los papeles en regla, pero cuando intentan inscribir los dominios surgen los problemas”, advirtió Shedan.

Yerba Buena enfrenta una situación similar. Eduardo Cárdenas, titular de Catastro, alertó sobre la venta irregular de lotes en la zona de El Corte. “Hemos detectado publicaciones en redes sociales y denuncias de vecinos sobre terrenos de 10 por 25 metros y 8 por 20 metros, cuando la normativa establece un mínimo de 600 metros cuadrados”, explicó. “Esto puede ser una estafa, ya que las ofertas incluyen promesas de ‘papeles al día’ que no cumplen con la legislación vigente”.

Pedicone destacó la importancia de la colaboración entre los municipios y la Fiscalía de Estado para combatir las usurpaciones y evitar estafas inmobiliarias. “Estamos dispuestos a trabajar en conjunto para lograr la regularización de las tierras en la provincia”, afirmó.

Los funcionarios municipales instaron a la ciudadanía a verificar la legalidad de los terrenos antes de comprarlos. “Para vender lotes es necesario contar con aprobaciones municipales que garanticen servicios de agua y luz, calles internas y títulos de propiedad”, explicó Cárdenas. “El único documento que habilita la venta es la escritura, ya que certifica la titularidad del bien. Además, es fundamental verificar que los lotes respeten las dimensiones establecidas por los códigos urbanos”, concluyó Shedan.

El caso de El Mollar marcó un precedente en la lucha contra la venta irregular de tierras en Tucumán. Con más denuncias en curso, las autoridades buscan reforzar los controles para evitar que más ciudadanos sean víctimas de estafas inmobiliarias.