Tucumán es la segunda provincia de Argentina con más empleados públicos que cobraban el Potenciar Trabajo
El escándalo por la posible utilización política del Potenciar Trabajo durante los últimos cuatro años va en aumento. Al menos 9.041 empleados provinciales de 20 provincias y CABA cobraban esa prestación, un hecho incompatible.
La cifra no es definitiva, aún falta la información de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca. Esos cuatro distritos ya fueron intimados por Guillermo Marijuan, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) que investiga irregularidades que se podrían tipificar como “defraudación contra la Administración Pública”.
Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, es la provincia donde se detectaron más casos irregulares: 2.243. Le sigue Tucumán, con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo, con una población de 1,8 millones de personas.
En tanto, en el resto del país, se registró que la cantidad de beneficiarios que hay en La Rioja, son 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; y Misiones, 321.
La normativa del Potenciar Trabajo destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
En nuestra provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo, inició en los últimos días de enero sumarios administrativos a empleados públicos que cobraban el plan Potenciar Trabajo de forma indebida por presuntas incompatibilidades.
Del total de empleados en los que se detectó la irregularidad, 230 pertenecían a la UNREL quienes ya habían sido dados de baja. Los restantes agentes fueron intimados para que respondan sobre su situación.
A partir de allí, y desde la semana pasada, la Provincia avanza con la sustanciación de los sumarios mediante las medidas administrativas que el caso requiera, a fin de aplicar las sanciones que correspondan, para llegar hasta las últimas consecuencias. Esto podría incluir la eventual cesantía de los trabajadores implicados.
Por esto, el Gobernador ordenó que se intensifiquen las tareas administrativas para determinar la responsabilidad de cada empleado público notificado en la causa. /Los Primeros
