Una cautelar cuestionada por el municipio frenó la expropiación del edificio donde funciona la escuela Gabriela Mistral
La disputa por la expropiación del inmueble de la escuela Gabriela Mistral, ubicada en San Miguel de Tucumán, dio un giro significativo tras la decisión del Juzgado Civil y Comercial Común de suspender el proceso administrativo hasta que se resuelva el conflicto legal de fondo.
La medida cautelar fue solicitada por la Cooperativa de Servicios Educativos y Servicios Sociales, que administra parcialmente la institución, en un intento por detener la aplicación de la ordenanza N° 5.390, recientemente aprobada por el Concejo Deliberante.
La ordenanza declaró el inmueble de utilidad pública y sujeto a expropiación, un movimiento que busca transferir la gestión total del establecimiento educativo a manos de la Municipalidad. Sin embargo, la Cooperativa, representada por su presidenta Claudia Elizabeth Lobos y el asesor Alfredo Grassia, cuestionó la constitucionalidad de la norma, calificándola como «inválida» y basada en «fundamentos falaces» emitidos por el Ejecutivo municipal.
En respuesta, el Juzgado a cargo del juez Pedro Esteban Yane Mana otorgó la cautelar argumentando que, de no hacerlo, el cumplimiento de una eventual sentencia definitiva sería «ilusorio». De este modo, el proceso queda suspendido hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia dicte un fallo sobre la causa principal.
El fiscal municipal, Conrado Mosqueira, adelantó que presentarán un recurso de revocatoria contra la medida cautelar, argumentando que no se les dio la oportunidad de intervenir antes de que la Justicia tomara una decisión. “Debieron habernos solicitado un informe previo, según lo establece el artículo 21 del Código Procesal Constitucional”, señaló Mosqueira.
A pesar del revés, las autoridades municipales aseguraron que el inicio del ciclo lectivo 2025 está garantizado para los más de 700 alumnos de la escuela Gabriela Mistral. También confirmaron que las obras de acondicionamiento del edificio seguirán adelante, subrayando que la administración del ciclo 2024 estuvo exclusivamente a cargo del municipio, ya que el convenio con la Cooperativa venció en diciembre de 2023.
La incertidumbre generada por el conflicto legal preocupa a padres, estudiantes y docentes. Mientras la Cooperativa insiste en que la expropiación debe cumplir con los requisitos legales establecidos por la Constitución de la Provincia —que otorga a la Legislatura, y no al Concejo Deliberante, la facultad de declarar la utilidad pública—, el municipio defiende la legalidad de sus acciones y asegura que la gestión educativa no se verá afectada.
En medio de la polémica, Mosqueira hizo un llamado a priorizar la educación pública y evitar que intereses políticos interfieran en la resolución del conflicto. “La utilidad pública debe ser declarada respetando la Constitución y las leyes. Le pedimos a la intendenta (Rossana Chahla) que busque soluciones consensuadas y democráticas para garantizar el derecho a la educación de cientos de estudiantes”, expresó.
El desenlace de este enfrentamiento judicial y político será crucial no solo para definir el futuro de la escuela Gabriela Mistral, sino también para establecer un precedente sobre cómo deben manejarse las expropiaciones en la provincia. Por ahora, la comunidad educativa espera que el diálogo prime sobre los intereses encontrados, en un contexto marcado por la complejidad económica y social del país.
