Ya se perciben los vientos de cambio en el área de Seguridad
La renovación en el área será casi total. Agüero Gamboa seguiría como ministro.
Todavía no hay nada definido, pero sí hay algunas líneas que permiten avizorar lo que ocurrirá a partir de octubre. En un mar convulsionado por tantas versiones hay un barco que tiene su bodega cargada de cambios de nombres y de políticas. Sólo quedaría saber hasta dónde llegarán.
La renovación en el área de seguridad será casi total. En principio, si es que no sucede nada extraño con el correr de los días, Eugenio Agüero Gamboa seguiría siendo el ministro de Seguridad, pero con un equipo renovado. ¿Se saben los nombres de las personas que lo acompañarán si es que continúa en el cargo? Hay muchos dando vueltas, pero ninguno confirmado. Buscan personas de gestión, andariegos, que no estén encerrados en sus oficinas. “Gestión y más gestión. Eso es lo que quiere Osvaldo. Una persona que esté para dar respuestas y ponga la cara en los malos momentos”, cuenta uno de sus colaboradores.
Jaldo pretende hacer lo mismo en la Policía. Habrá nuevo jefe, subjefe y posiblemente cambios en la cúpula de la fuerza. Durante su interinato como gobernador conoció personalmente a los oficiales de mayor rango. Escuchó sus necesidades y también analizó sus capacidades. Dicen que de ese grupo de 14 comisarios generales hay dos candidatos: uno está bien posicionado políticamente y al otro, lo respaldan las estadísticas positivas que consiguió con su trabajo.
El nuevo gobernador también aprendió que cuenta con un buen recurso humano para llevar adelante sus ideas, pero descubrió que es mejor si reciben apoyo y se los controla. El ejemplo más concreto es el problema que se desencadenó el último fin de semana. Cuando el dirigente tranqueño estaba al frente del Poder Ejecutivo, autorizó a Agüero Gamboa la colocación de GPS a todos los móviles de la fuerza. Gracias a este sistema las autoridades descubrieron un millonario desfalco con la carga de combustible. No sólo fue un daño al arca del Estado, sino que puso en riesgo el abastecimiento a toda la fuerza porque el Tribunal de Cuentas ordenó suspender el pago a los estacioneros por esta irregularidad. Negociaciones de último momento evitaron que los patrulleros dejaran de circular por las calles.
Drogas
La ley de Narcomenudeo cumplió seis meses de estar en vigencia 10 días antes de que Jaldo sea electo gobernador. Según las estadísticas, fueron alrededor de 400 los procedimientos que se desarrollaron, se detuvieron a más de 300 personas, se secuestraron más de 15 kilos de cocaína y 75 kilos de marihuana. En los tribunales se abrieron 347 expedientes, de los cuales 125 fueron tratados por jueces y 86 ya fueron cerrados con sentencias. Esos números fueron utilizados por el oficialismo como estandarte, pero saben que falta mucho para que la norma sea considerada como un éxito. Por ese motivo habrá un cambio importante en su aplicación.
Después de este semestre la política será otra. En lo que se refiere a la persecución penal, la orden es clara: profundizar las investigaciones para destruir las redes de narcomenudeo. Se dieron cuenta de que golpeando estos grupos lograrán desbaratar más de un punto de comercialización de drogas que, muchas veces, se extienden a varios barrios y no en uno en particular.
El Ministerio Público Fiscal también comparte esa postura y decidió fortalecer su accionar en la lucha contra el microtráfico de sustancias. Nombró a Diego Hevia como fiscal antinarcomenudeo para Concepción y Monteros -su par José San Juan atendía todos los casos de la provincia- y creó una segunda oficina de Graves Atentados contra las Personas que estará a cargo de María del Carmen Reuter que tendrá como única finalidad investigar el accionar de estos grupos en los lugares donde ejercen su poder cometiendo delitos que van desde amenazas, pasando por lesiones y hasta tentativas de homicidios.
Sin embargo, el mayor desafío de Jaldo para que esta norma sea un éxito es convencer a la Nación que apoye la lucha, algo que hasta el momento no pudo conseguir. Ni siquiera, que se cumpla el convenio firmado para que la Policía Federal se haga cargo de las pericias. Lograr que se intensifiquen los controles en la frontera y que se fortalezca a nivel regional el Operativo Lapacho, por ahora, es una quimera.
¿Más cambios?
Otra pregunta es saber qué hará el nuevo gobernador con los otros poderes del Estado. Al parecer, su intención es seguir el ejemplo de la ley de Narcomenudeo, una norma que fue discutida durante más de cuatro años, pero logró ponerlos en línea para que en unos meses se pusiera en vigencia. Para ello habrá que definir si habrá cambios en el Poder Judicial. Hay una sola certeza: no se entrometerá, pero sí es sabido que prefiere sangre joven para afrontar los cuatro años que vendrán. Si esta idea se mantiene, habrá que pensar en el retiro de los titulares de los ministerios Público y de la Defensa, de un vocal de la Corte Suprema de Justicia y de varios jueces. Algunos sostienen que las charlas y los tiempos de negociaciones se abrieron el 12 de junio, un día después de haber sido electo.
En la Legislatura también habrá novedades. Llegarán el oficialista Darío Montero y el opositor Mariano Campero, los actuales intendentes de Banda del río Salí y de Yerba Buena, respectivamente. Dos funcionarios que se hicieron cargo de la seguridad de sus ciudades creando guardias municipales para reforzar la tarea de la Policía. Pero también lo hará el peronista Carlos Nájar que siempre se opuso a la creación de esos cuerpos. Además, habrá dos regresos importantes: José Cano, que desde hace años viene denunciando cuestiones narcos y Gerónimo Vargas Aignasse, que estuvo al frente de Seguridad en el recinto. Con estos actores, los debates por esta cuestión, que interesan mucho a los tucumanos, deberían ponerse al rojo vivo. No hay dudas entonces. Ya se perciben vientos de cambios.
