YPF: Argentina pide suspender la entrega de acciones y advierte sobre un fallo “inviable”
Signage at a at a YPF SA gas station in Plaza Huincul, Neuquen province, Argentina, on Tuesday, March 2, 2021. YPF, Argentina?s state-run oil company, needs to come up with more than $1 billion to spur drilling in Patagonia, where it?s leading development of the biggest shale patch outside the U.S.
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska en Nueva York, solicitando suspender la ejecución del fallo que ordena al Estado argentino pagar US$ 16.000 millones por el proceso de nacionalización de YPF, mediante la entrega del 51% del paquete accionario.
Entre los argumentos principales, la defensa oficial subrayó que la transferencia forzada de acciones contraviene la legislación argentina, que prohíbe vender participaciones estatales sin aprobación del Congreso. Según se sostuvo, la medida implicaría un cambio de control en YPF que activaría cláusulas contractuales con consecuencias negativas para la empresa y sus accionistas, incluidas provincias y bonistas.
“La legislación nacional impide la ejecución inmediata de la orden, que además afectaría a terceros no involucrados en el litigio”, planteó la Procuración, que insistió en que el caso no es una disputa comercial ordinaria, sino un proceso sin precedentes, con implicancias jurídicas y políticas complejas.
El equipo jurídico también destacó que la decisión de Preska es “controvertida” no solo desde el derecho local argentino, sino también en términos de derecho internacional y de la política exterior de Estados Unidos. En ese sentido, se señaló que mantener el statu quo favorece el interés público, mientras que los demandantes (los fondos Petersen/Eton Park y Bainbridge) no sufrirían perjuicios por la demora en la ejecución.
La presentación también objetó la posibilidad de que la entrega de las acciones se realice bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta radicada en jurisdicción estadounidense, modalidad que el Estado considera jurídicamente inválida.
Por otro lado, se remarcó que el caso plantea cuestiones legales inéditas, que no fueron abordadas hasta ahora por tribunales de apelación, lo que incrementa las probabilidades de que el fallo pueda ser revisado o revertido en instancias superiores.
En respuesta a los argumentos de Petersen/Eton Park, que citaron declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la expropiación, la Procuración aclaró que Kicillof no integra el Gobierno nacional y que sus opiniones políticas carecen de relevancia jurídica para la estrategia legal de la actual administración.
