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Argentina busca frenar la entrega de acciones de YPF mientras avanza la apelación en EE.UU.

 Argentina busca frenar la entrega de acciones de YPF mientras avanza la apelación en EE.UU.

Signage at a at a YPF SA gas station in Plaza Huincul, Neuquen province, Argentina, on Tuesday, March 2, 2021. YPF, Argentina?s state-run oil company, needs to come up with more than $1 billion to spur drilling in Patagonia, where it?s leading development of the biggest shale patch outside the U.S.

Esta semana, el Gobierno argentino presentará ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York un nuevo escrito con argumentos jurídicos para mantener suspendida la ejecución del fallo que lo obliga a entregar acciones de YPF, medida dispuesta por la jueza Loretta Preska.

El objetivo de la presentación es lograr que el tribunal extienda la actual interrupción de la sentencia durante todo el proceso de apelación, y no sólo mientras se desarrollan las presentaciones preliminares entre las partes.

La presentación, prevista para el martes 22 de julio, se produce tras un giro en la postura de los beneficiarios del fallo, quienes manifestaron ante la Corte que no desean apropiarse de las acciones de la petrolera, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para continuar con la apelación. Esta posición aparece luego del respaldo legal del gobierno estadounidense a través de un amicus curiae en favor de la postura argentina.

El caso se inscribe en el juicio por la expropiación de YPF, que en 2023 derivó en una condena por US$16.100 millones contra el Estado argentino. Con un escenario judicial parcialmente más favorable, la estrategia oficial apunta a evitar la transferencia inmediata de acciones y a continuar el proceso en mejores condiciones.

Sin embargo, si el pedido de Argentina no prospera, se reactivará la orden de Preska, lo que obligaría al país a cumplir con el fallo. De no hacerlo, podría enfrentarse a un posible desacato, una figura que, si bien no se aplica directamente a los Estados soberanos, podría traducirse en sanciones económicas y un deterioro de la imagen del país ante la comunidad financiera internacional.

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