El Gobierno no dará más planes y Unidad Piquetera amenaza con marchar

«Nosotros somos claros, el decreto que firmó Alberto nos obliga a no expandir el universo de los planes sociales, y Victoria quiere que los 400.000 que detectamos que no terminaron la primaria o secundaria, lo hagan para seguir cobrando, no hay otra vuelta». Ese es el pensamiento hoy del Gobierno en torno a lo que, ya lo saben, será una nueva escalada de conflicto con Unidad Piquetera, la agrupación que lidera Eduardo Belliboni, referente de Polo Obrero.

El decreto es el 728 y exige no incorporar más benefactores a ls planes sociales. La condición que exigirá la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, es que los chicos y adultos que todavía no pudieron terminar su siguiente objetivo educativo, lo logren con el acompañamiento del Estado para poder seguir siendo benefactores de planes sociales.

Logró Tolosa Paz que Sergio Massa, ministro de Economía y quien «pisa» los planes, libere órdenes para comprar alimentos y herramientas a fin de año porque no alcanzaba con lo entregado, pero esa tensión se mantiene constante. El pedido del presidente es que no haya conflicto en la calle y se logró a fin de año, cuando parecía imposible evitarlo. Según supo este medio, no se descarta un nuevo bono en marzo para cobrar en abril, sería una forma de palear el proceso grave de inflación, que este mes esperan en el Gobierno quede en 4.8% y sostener la tendencia a la baja.

Belliboni cree que lo planteado por el Gobierno es falso, que los faltantes de comida y herramientas a fin de año fueron enormes y que la lucha en las calles está a punto de volver a empezar. Distinta es la situación de Juan Grabois, quien lidera la UTEP que firmó un acuerdo para suspender por cuatro meses las protestas, si bien nadie en el Gobierno cree que Grabois sea confiable y saben que una posibilidad certera es que incumpla lo pautado, estiman que al menos deberá explicar por no se encarga de evitar las protestas del movimiento que encabeza.

El problema es claro: Grabois y Belliboni quieren más planes, expandir el universo de los que cobran, que no haya una contraprestación porque consideran que son excluidos del sistema por malas políticas públicas, aumentar los montos de los planes y las cantidades de herramientas y comida que se entregan en todo el país habitualmente. En ese sentido, Luis D´elia se diferenció de Belliboni, al plantear que no hubo problemas y que dos reembolsos, uno de Nación y uno de provincia de Buenos Aires, se llevaron a cabo con total normalidad de cara a fin de año.

Así entonces, Tolosa Paz tuvo, según supo este medio, una reunión con Jaime Perczyk, ministro de Educación y quien viene monitoreando el comportamiento de los sectores más pobres y su relación con la educación inicial, algo que preocupa a Alberto Fernández y que pidió que se mejore apenas terminada la pandemia, donde la deserción fue histórica. Tolosa Paz goza no sólo del visto bueno de su trabajo por parte del presidente, sino de su confianza absoluta por su vínculo de años con José «Pepe» Albistur, exsecretario de Medios de Néstor Kirchner y actual empresario de publicidad.

La interna que sacude al Gobierno también se refleja en los planes sociales: desde el albertismo son conscientes de que entre La Cámpora y el Movimiento Evita del influyente Emilio Pérsico, se hacen de más del 80% del presupuesto de planes y ese tipo de entregas, por lo que muchas veces hay faltantes porque se tiene que distribuir lo que queda y son muchos millones de beneficiarios que no se podrán aumentar, tal cual lo dicta el decreto 728 en su articulo sexto: «Dispónese que a partir de la entrada en vigencia del presente decreto no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”, “POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN”, “NEXO” y “PLUS ESENCIAL”.

Y agrega: «El ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación.».