La cláusula que disparó el juicio millonario por YPF: cómo se gestó la condena que ahora pesa sobre Argentina

El origen del histórico juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF radica en una cláusula del estatuto de la petrolera que obligaba a realizar una oferta pública de compra dirigida a todos los accionistas, en igualdad de condiciones.

Cuando el Congreso sancionó en 2012 la ley que declaró de “utilidad pública” el 51% de YPF y expropió las acciones de Repsol, el Gobierno omitió extender esa oferta al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que había ingresado a la compañía en circunstancias que luego quedaron bajo sospecha.

Ese incumplimiento fue el punto de partida del litigio que terminó con la condena en Estados Unidos a pagar US$16.000 millones, una suma que incluye intereses que crecen a un ritmo de casi US$2 millones diarios mientras el fallo se mantiene firme.

La jueza Loretta Preska, que heredó el expediente de manos de Thomas Griesa, no juzgó la decisión soberana de expropiar YPF. El fundamento fue estrictamente contractual: Argentina violó los derechos de los accionistas minoritarios al no ofrecerles el mismo trato que a Repsol, pese a que la compañía cotizaba en Wall Street y estaba sujeta a normas de transparencia para sus inversores.

Tras la quiebra del Grupo Petersen en un juzgado de Madrid —ocasionada porque YPF dejó de pagar dividendos luego de la estatización—, el fondo de inversión Burford Capital compró el derecho a litigar la demanda. Este fondo es hoy el principal beneficiario del fallo, que impulsó una suba de su cotización bursátil mientras las acciones de International Finance Facility (IFF), a quien Petersen cedió parte del reclamo, sufrieron un fuerte retroceso.

El litigio comenzó en 2015 y concluyó en primera instancia en septiembre de 2023, cuando Preska sentenció a favor de los demandantes. Si bien el Gobierno argentino ya anunció que apelará, esa estrategia no detiene el cómputo de los intereses.

Por su parte, el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, planteó que existen argumentos jurídicos para cuestionar la sentencia. Entre ellos, advirtió que la orden de Preska de que Argentina pague entregando acciones viola la legislación nacional, lo que requeriría una ley del Congreso que convalide esa modalidad. También propuso acudir en forma directa (“per saltum”) a la Corte Suprema para que resuelva sobre la entrega de los títulos.