Milei vetó las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad por “costo fiscal excesivo y vicios legislativos”
El presidente Javier Milei oficializó el veto a tres leyes aprobadas recientemente por el Congreso: el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El Gobierno justificó su decisión por considerar que las normas implican un “costo fiscal inviable”, carecen de financiamiento genuino y fueron sancionadas con “graves irregularidades legislativas”.
A través del decreto 534/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas representan un riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas, y que su implementación comprometería el cumplimiento de las metas fiscales trazadas por el oficialismo.
Un impacto fiscal “inmanejable”
Según los cálculos oficiales, las tres leyes significarían:
Un gasto adicional de más de $7 billones en 2025.
Un gasto de cerca de $17 billones en 2026.
Estas cifras representarían el 0,90% del PBI en 2025 y el 1,68% en 2026, valores que —según el Gobierno— podrían impedir alcanzar el superávit fiscal.
Críticas a la falta de financiamiento
El decreto remarcó que los proyectos no cumplen con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a toda norma que implique erogaciones a prever su correspondiente fuente de financiamiento.
En el caso de la ley de movilidad jubilatoria, el Gobierno señaló que las fuentes propuestas cubren menos del 4% del gasto estimado.
En la moratoria previsional y en la emergencia en discapacidad, no se contemplan recursos específicos para afrontar los costos.
Objeciones al proceso legislativo
El Ejecutivo también cuestionó la validez del procedimiento legislativo en el Senado, señalando que la sesión del 10 de julio:
Se realizó sin la citación reglamentaria a todos los senadores.
Avanzó con mayoría simple en temas que, según el Gobierno, requerían dos tercios.
Avaló dictámenes que no cumplían con los requisitos formales, advertidos por la propia Secretaría Parlamentaria.
El texto concluye que, debido a estas “graves nulidades”, las leyes fueron sancionadas de forma ilegítima y su promulgación sería contraria a la Constitución Nacional.
Con este veto total, el Gobierno reafirma su compromiso con el equilibrio fiscal como prioridad de gestión, aún a costa de bloquear iniciativas con alto impacto social.
